Loretta Preska dejó sin efecto formalmente el fallo de primera instancia tras la revocación de la Cámara de Apelaciones de Nueva York. Ahora, Burford Capital intenta que la Corte Suprema de Estados Unidos vuelva a abrir el caso.
La jueza federal de Nueva York Loretta Preska dejó sin efecto la sentencia que obligaba a la Argentina a pagar US$ 16.100 millones por la expropiación de YPF y cerró formalmente la etapa de primera instancia. Con intereses, la condena dictada en 2023 superaba los US$ 18.000 millones. La decisión representa un nuevo paso favorable para el país, aunque el litigio todavía no terminó.
La resolución formaliza el fallo que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito dictó en marzo, cuando revocó la condena al considerar que la jueza había interpretado incorrectamente la legislación argentina. Los magistrados sostuvieron que las normas que regularon la expropiación de 2012 impedían los reclamos de terceros que interfirieran con ese proceso y que el estatuto de YPF no constituía un contrato bilateral entre accionistas que habilitara una demanda por daños.
Con la instancia de apelación ordinaria agotada, la disputa quedó ahora pendiente de la Corte Suprema estadounidense. A comienzos de octubre, el fondo Burford Capital —que financia la demanda presentada originalmente por los antiguos accionistas Petersen Energía, Petersen Energía Inversora y Eton Park— solicitó que el máximo tribunal revise el fallo. En su presentación, calificó la decisión de la Cámara como «gravemente errónea» y sin precedentes.
La Corte Suprema no está obligada a tomar el caso. Recibe entre 7.000 y 8.000 pedidos de revisión por año y acepta alrededor de 80, sin un plazo establecido para resolver. En paralelo, Burford impulsa un reclamo arbitral ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial, en representación de las sociedades Petersen. Esa vía abre otro frente judicial, aun después de que la condena millonaria quedara sin efecto.
