La Cámara baja debate una agenda que combina cambios en las reglas de expropiación y desalojo, un nuevo régimen para el sistema de discapacidad y dos modelos opuestos para aliviar el sobreendeudamiento. También tratará la trazabilidad obligatoria de medicamentos de alto riesgo y penas de hasta ocho años por ataques a la producción rural.
La sesión de este miércoles en Diputados reúne iniciativas con efectos muy distintos sobre derechos sociales, propiedad y actividad económica. Entre los asuntos centrales están la reforma de las normas sobre expropiaciones y desalojos, el esquema permanente de prestaciones para personas con discapacidad y las alternativas para atender las deudas de los hogares. El temario incluye, además, un sistema de control de medicamentos críticos y un proyecto para incorporar el vandalismo rural al Código Penal.
En materia de propiedad privada, el proyecto que llega con media sanción modifica las leyes de Expropiaciones y de Desalojos, después de que el Senado eliminara los capítulos sobre Manejo del Fuego y derogación de la Ley de Tierras Rurales. La nueva versión mantiene el límite del 30% a la extranjerización de tierras y el tope de 1.000 hectáreas en zonas núcleo. También restringe las condiciones para declarar la utilidad pública de inmuebles y habilita procedimientos más rápidos para recuperar propiedades ocupadas. En casos de usurpación, un juez podría ordenar la entrega inmediata y exigir la devolución en 72 horas si el dueño acredita documentalmente su titularidad. Para los desalojos por falta de pago, en cambio, se establece un plazo mínimo de diez días para regularizar la deuda tras la intimación.
El debate por discapacidad enfrenta dos caminos. El oficialismo propone convertir en permanente buena parte de las prestaciones contempladas en la Ley 27.793, aunque elimina el carácter de emergencia de la norma. El texto conserva la compatibilidad entre la pensión y el empleo formal o el monotributo para quienes no superen dos salarios mínimos, establece actualizaciones de aranceles vinculadas a la movilidad jubilatoria y fija condiciones presupuestarias para el área de Salud. También incorpora un cronograma para saldar compensaciones atrasadas a prestadores. La oposición reclama prorrogar la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027 y advierte que siguen pendientes 324.303 solicitudes de pensión, además de deudas con prestadores y atrasos arancelarios del 30,67%. También cuestiona los requisitos de acceso y la posibilidad de suspender beneficios a partir de cruces de datos.
La discusión sobre el endeudamiento familiar expone otra diferencia de enfoque. El proyecto de La Libertad Avanza, el PRO y la UCR prioriza la transparencia de los créditos, la información sobre costos y el acceso gratuito al perfil de riesgo de cada cliente, pero no establece topes a las tasas ni un mecanismo obligatorio de refinanciación para los casos críticos. La propuesta de Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica, en cambio, declara la emergencia por 180 días y habilita un régimen de regularización para deudas con más de 60 días de mora y montos de hasta $3.265.010. Prevé al menos 12 cuotas, con pagos que no superen el 30% de los ingresos, límites a los intereses y la condonación total de los punitorios. Si el acreedor rechaza el trámite, podría intervenir el Banco Central.
Otro de los proyectos cuenta con dictamen unánime y apunta a evitar tragedias como la del fentanilo contaminado, que desde abril de 2025 provocó al menos 90 muertes y afectó a otras 44 personas. La iniciativa establece la trazabilidad digital y en tiempo real de medicamentos inyectables de alto riesgo y sus materias primas, desde la producción o importación hasta su administración al paciente. También crea un sistema nacional de alertas bajo la órbita de la ANMAT: ante sospechas de contaminación o eventos adversos graves, las autoridades deberán recibir una notificación dentro de las 24 horas y los lotes sospechosos podrán bloquearse preventivamente en un máximo de seis horas. El régimen contempla multas, suspensiones, clausuras y decomisos por incumplimientos graves.
Por último, el proyecto contra el vandalismo rural, impulsado por el PRO y respaldado por La Libertad Avanza y otros bloques, propone incorporar nuevos delitos al Código Penal. El ingreso a un establecimiento rural contra la voluntad de quien puede excluir a terceros tendría penas de entre un mes y un año de prisión. Para la destrucción o el daño de cultivos, materias primas e infraestructura agropecuaria, las sanciones podrían llegar a ocho años de cárcel, además de multas de hasta doce veces el valor del daño.
