El Gobierno tomó nueva deuda para pagar las indemnizaciones de su programa de reducción de personal público. El crédito forma parte de una línea que podría llegar a US$800 millones y se devolverá en 25 años. ATE cuestionó que el Estado se endeude en dólares para financiar despidos.
El Gobierno nacional recurrirá a un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$300 millones para financiar el plan de retiros voluntarios con el que busca reducir en 21.000 puestos la planta de trabajadores estatales. La operación quedó habilitada por el decreto 1177/2026 y suma deuda externa para cubrir los costos de una política de ajuste del sector público.
El programa depende del Ministerio de Modernización, que conduce Federico Sturzenegger, y fue habilitado mediante el decreto 1023/2026. Está destinado al personal de planta permanente de distintos organismos y contempla un esquema indemnizatorio especial para quienes adhieran. El Ejecutivo ya había intentado avanzar con un mecanismo similar en el INTA, pero el directorio lo rechazó por falta de fondos para financiarlo. Esta vez, el Gobierno recurrió al BID para cubrir ese costo.
El crédito constituye el primer tramo de una línea de financiamiento de hasta US$800 millones. Según detalló ATE, los desembolsos se realizarán durante cuatro años y el préstamo deberá devolverse en 25, con un período de gracia de cinco años y medio para el capital. La tasa será variable, atada a la referencia SOFR del mercado en dólares más un margen del organismo, por lo que el costo final dependerá de su evolución. Así, el ajuste que busca reducir el gasto estatal tendrá como contrapartida un nuevo compromiso de deuda.
La medida generó el rechazo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Su secretario general, Rodolfo Aguiar, convocó a movilizarse a la Quinta de Olivos y cuestionó que el Gobierno tome deuda en moneda extranjera para pagar desvinculaciones en pesos. “Ningún país del mundo se endeuda para achicarse, sino para tener un mejor futuro. Estos se endeudan para destruir”, afirmó. El dirigente también llamó a los trabajadores a no adherir al régimen, al que calificó de “estafa”.
Desde la Junta Interna de ATE en la Secretaría de Trabajo advirtieron que el deterioro salarial, el vaciamiento de áreas y el desgaste cotidiano generan condiciones para empujar a los empleados a aceptar los retiros. Para el sindicato, el carácter voluntario del programa debe evaluarse en ese contexto: cada puesto eliminado implica, además de una reducción de personal, la pérdida de experiencia y de capacidades estatales para sostener políticas públicas y garantizar derechos.
