Dirigentes de distintos espacios políticos firmaron una declaración que llama a defender la democracia, reivindicar el ejercicio de la política y rechazar la persecución y la eliminación del adversario. El documento advierte sobre la estigmatización, las noticias falsas, el hostigamiento y las prácticas de lawfare.
A cuatro años del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, los apoderados de 23 partidos políticos firmaron una declaración en la que reclamaron poner un límite a la violencia política y reivindicaron el ejercicio de la política como herramienta para resolver las diferencias en democracia.
El documento, de cinco carillas, recuerda el ataque ocurrido el 1° de septiembre de 2022, cuando un hombre apuntó un arma cargada contra la entonces vicepresidenta y gatilló a centímetros de su rostro. Para los firmantes, aquel episodio no puede ser considerado un hecho aislado ni separado del clima político y comunicacional que lo precedió.
La declaración señala que durante años se desarrollaron campañas de estigmatización, noticias falsas, operaciones de desinformación y distintas formas de hostigamiento contra dirigentes políticos, con especial intensidad contra Cristina Kirchner. También cuestiona la construcción de un sentido común antipolítico y advierte que la deshumanización del adversario puede terminar erosionando las bases de la convivencia democrática.
En ese marco, el texto incorpora una crítica al denominado lawfare, al que define como la utilización articulada de mecanismos judiciales, políticos y comunicacionales para perseguir o excluir dirigentes de la competencia democrática. Según los firmantes, la combinación de persecución judicial, operaciones mediáticas y hostigamiento en redes puede contribuir a naturalizar situaciones que deberían resultar inadmisibles.
Entre quienes suscribieron el documento aparecen Sergio Massa, por el Frente Renovador; José Mayans, por el Partido Justicialista; Miguel Ángel Pichetto, por Encuentro Republicano Federal; Guillermo Moreno, por Principios y Valores; Juan Grabois, por Patria Grande; Mario Secco, por el Frente Grande; y Juan Carlos Alderete, por el PTP-PCR.
La declaración sostiene que el atentado interpela “al conjunto del sistema democrático argentino” y plantea que los partidos, independientemente de su identidad ideológica, deberían asumir un acuerdo básico: al adversario político se lo enfrenta mediante ideas, argumentos, organización y votos, y no mediante la persecución o la violencia.
El documento también vincula la reflexión con el 50° aniversario del golpe de Estado de 1976. Aunque aclara que no deben establecerse equivalencias simplificadoras entre aquel contexto y el presente, sostiene que la historia argentina debería haber dejado como aprendizaje que ningún proyecto político puede construirse sobre la eliminación de quien piensa distinto.
“Defender ese límite no significa reclamar una política sin conflicto”, señala la declaración, que reivindica la confrontación de intereses e ideas como parte constitutiva de la democracia. El objetivo, plantea, es recuperar la “legitimidad del adversario”: poder confrontar sin deshumanizar y aceptar derrotas electorales sin convertirlas en una habilitación para la persecución.
Hacia el final, los firmantes expresan su solidaridad con Cristina Kirchner y asumen el compromiso de defender la palabra frente a la violencia, el debate frente a la estigmatización y la participación frente a la antipolítica.
El documento cierra con una consigna que resume su planteo: “Nunca más la eliminación del adversario. Nunca más la violencia política. Más democracia. Más participación. Más política”.
