Una investigación de la ONG Derechos Digitales reveló la existencia de canales que comercializan datos personales de ciudadanos latinoamericanos. En Argentina, el informe detectó grupos que operan principalmente a través de Telegram y ofrecen información detallada por bajo costo.
Una investigación de la organización Derechos Digitales advirtió sobre el crecimiento de un mercado ilegal de compra y venta de datos personales en plataformas digitales, donde es posible acceder en pocos segundos a información sensible vinculada a documentos de identidad, teléfonos o domicilios. El estudio, titulado “Identidades en venta: el mercado ilegal de compra y venta de datos personales latinoamericanos en Telegram”, identificó 27 grupos y canales dedicados a esta actividad en Brasil, Perú y Argentina.
Según el informe, en estos espacios los usuarios pueden consultar datos mediante bots automatizados o vendedores que operan en chats privados, con sistemas de pago digitales. En el caso argentino se detectaron seis canales y un grupo dedicados a esta práctica, donde se ofrecen fichas con información como nombre completo, número de DNI, CUIL, número de trámite del documento, fecha de emisión y vencimiento, nacionalidad, sexo, fecha de nacimiento y estado registral, entre otros datos.
El relevamiento también advierte que en muchos casos los resultados incluyen la dirección completa de la persona —calle, número, barrio, ciudad, provincia e incluso piso o monoblock— y enlaces directos a Google Maps, lo que facilita la geolocalización del domicilio. Para Rafael Bonifaz, líder del Programa Latinoamericano para la Resiliencia y Defensa Digital de la ONG, esta situación implica un riesgo serio: “Cuando alguien nos llama y nos dice todos nuestros datos personales hay que desconfiar, porque probablemente los compró por estas vías y a un costo bajo”.
El informe señala además que parte de la información podría provenir de bases de datos públicas o registros oficiales, entre ellos el Registro Nacional de las Personas (Renaper) o el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop). En ese sentido, recuerda antecedentes como la filtración de más de 100 mil fotografías del Renaper en 2021 y un ciberataque a la base de licencias de conducir que dejó a más de seis millones de personas expuestas.
Finalmente, la investigación plantea preocupaciones sobre el marco institucional para la protección de datos. Aunque Argentina fue pionera con la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, los especialistas advierten que la falta de controles y la concentración de la política de ciberseguridad en estructuras de inteligencia estatal pueden debilitar la capacidad de prevenir filtraciones y perseguir este tipo de delitos. Para Bonifaz, el informe debe funcionar como “un llamado de atención para que los Estados regulen mejor las plataformas y protejan la información de sus ciudadanos”.
