Funcionarios del juzgado de Sebastián Casanello incautaron computadoras y documentos para avanzar con la investigación sobre toneladas de alimentos que no fueron distribuidos. Desde el Ministerio de Capital Humano critican la intervención judicial, mientras comedores comunitarios denuncian la falta de suministros desde diciembre.
Este jueves, funcionarios del juzgado a cargo de Sebastián Casanello se presentaron en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano, en el marco de la investigación por la falta de distribución de alimentos y frazadas que permanecen almacenados en depósitos de Villa Martelli y Tafí Viejo, Tucumán.
Según los informes, están objetadas más de mil toneladas de leche en polvo y más de 4 mil toneladas de harina de maíz, entre otros productos, que debían ser entregados a familias vulnerables, muchas de las cuales dependen de comedores y merenderos.
Desde el Ministerio, dirigido por Sandra Pettovello, informaron que, a pedido del juez, se entregaron diversos documentos al Juzgado Criminal y Correccional Federal N°7. A su vez, criticaron a la Justicia por involucrarse en “el diseño de políticas públicas”, a pesar de que en este caso se trate del vencimiento de alimentos destinados a personas en situación de vulnerabilidad, en medio de una grave crisis socioeconómica.
El dirigente Juan Grabois, quien presentó la denuncia en la causa, señaló en sus redes sociales: “Nuevo fallo contra la incumplidora serial Sandra Pettovello por dejar a los pibes sin comer y ocultar pruebas. Siguen jugando con el hambre de los chicos y delinquiendo alegremente”.
Alimentos retenidos y críticas cruzadas
Durante el allanamiento, se incautaron diversos elementos, incluyendo el respaldo de la computadora del director de Logística de la Secretaría, Pablo Ariel Berardi, órdenes de entrega desde el 27 de mayo, y registros diarios de los depósitos de Villa Martelli y del Centro Operativo Tucumán en Tafí Viejo, con detalles del estado de los alimentos y sus movimientos.
Este operativo sigue a otro realizado la semana anterior, bajo la dirección del juez Ariel Lijo, donde se descubrieron 12 mil toneladas de yerba en condiciones precarias, incluidas algunas contaminadas con excrementos de animales.
Desde el Ministerio de Capital Humano, defendieron su gestión afirmando que vienen trabajando para aumentar el poder de compra de las familias vulnerables, priorizando la asistencia directa y eliminando la intermediación en las políticas sociales. Aseguraron que el plan de distribución de alimentos se está cumpliendo, aunque el juez Walter Lara Correa solicitó explicaciones sobre cómo se garantiza el derecho a la alimentación en comedores comunitarios.
En respuesta a las críticas y acciones judiciales, Capital Humano anunció que presentará un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, argumentando que el Poder Judicial no debe interferir en el diseño y ejecución de políticas públicas, una competencia exclusiva del Poder Ejecutivo. Sin embargo, más de 160 comedores comunitarios denunciaron que no reciben alimentos ni fondos desde diciembre.
