Diputados de la Coalición Cívica y el Partido Socialista pidieron frenar la reforma del sistema de inteligencia impulsada por el Gobierno, denunciaron violaciones constitucionales y advirtieron sobre la creación de un esquema sin controles democráticos.
Los diputados Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, junto a Esteban Paulón, del Partido Socialista, presentaron el primer amparo judicial contra el DNU 941/2025, que redefine de manera integral el sistema de inteligencia nacional. La acción recayó en el juzgado contencioso administrativo a cargo de Rita Ailán, y solicita una medida cautelar para suspender su aplicación, además de que se declare su inconstitucionalidad y nulidad absoluta.
En el escrito, los legisladores sostuvieron que el Poder Ejecutivo eludió al Congreso sin justificar necesidad ni urgencia, pese a que el Parlamento se encontraba en sesiones extraordinarias. También señalaron que el decreto avanza sobre materias penales y procesales vedadas a los DNU, al habilitar al personal de inteligencia a realizar detenciones. Según el planteo, la norma convierte a la SIDE en una herramienta de persecución política, bajo el argumento de la “seguridad estratégica”.
Uno de los puntos centrales del amparo cuestiona la fusión entre inteligencia estratégica y seguridad interior, que —según los denunciantes— elimina límites funcionales y permite tratar conflictos internos como amenazas externas. El texto advierte que este esquema habilita el espionaje interno, con actividades consideradas “encubiertas”, en las que pueden intervenir fuerzas armadas, de seguridad y policiales, sin controles efectivos del Poder Judicial ni del Congreso.
La presentación también alerta sobre la centralización absoluta del sistema de inteligencia bajo el Poder Ejecutivo, lo que podría derivar en seguimientos y acciones contra periodistas, opositores, académicos y organizaciones sociales. En ese marco, los diputados advirtieron sobre el riesgo de que ciudadanos y actores políticos sean catalogados como “enemigos internos”, una dinámica que describieron como la antesala de un Estado policial, con impacto directo sobre la libertad de expresión y la participación política.
El amparo cuestiona además la incorporación de la Unidad de Información Financiera (UIF) a la Comunidad de Inteligencia Nacional, lo que comprometería su autonomía y podría habilitar el uso de datos financieros sensibles con fines de inteligencia política. A esto se suma la objeción al artículo que autoriza al personal de inteligencia a aprehender personas, una facultad propia de las fuerzas de seguridad y contraria —según la demanda— a garantías constitucionales y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Mientras el Gobierno defendió el DNU con un comunicado en el que afirmó que la reforma se ajusta a “estándares democráticos y republicanos”, la acción judicial sostuvo lo contrario: denunció la eliminación de controles, la ampliación discrecional del secreto y la inversión del principio de publicidad de los actos de gobierno. En paralelo, la oposición anticipó que impulsará el rechazo del decreto por la vía parlamentaria, en un escenario de creciente tensión institucional.
