El Gobierno adhirió a la Declaración del Consenso de Ginebra, impulsada por Estados Unidos y otros países que cuestionan el aborto como derecho. La incorporación se produce después de una serie de actividades de organizaciones ultraconservadoras junto a dirigentes de La Libertad Avanza y el PRO.
Argentina se incorporó a la Declaración del Consenso de Ginebra sobre la Promoción de la Salud de la Mujer y el Fortalecimiento de la Familia, una iniciativa internacional que reúne a gobiernos que rechazan la consideración del aborto como un derecho. La adhesión fue formalizada el 10 de agosto por el canciller Pablo Quirno y el embajador estadounidense Peter Lamelas, aunque el Gobierno difundió la decisión tres días después, luego de que la información trascendiera en medios de Estados Unidos. Se trata de un instrumento no vinculante y su incorporación no obliga a los países miembros a actuar de manera conjunta en organismos internacionales.
La decisión se suma al acercamiento del Gobierno de Javier Milei a organizaciones ultraconservadoras que buscan disputar consensos en torno a los derechos sexuales y reproductivos. Entre ellas se encuentra Political Network for Values (PNFV), una plataforma internacional creada por el exdirigente español Jaime Mayor Oreja y vinculada a sectores conservadores europeos y estadounidenses. En julio, la organización realizó en Buenos Aires el encuentro “Libertad para el futuro”, con actividades en la Legislatura porteña y participación de funcionarios nacionales, legisladores de La Libertad Avanza y dirigentes del PRO.
El encuentro tuvo entre sus principales ejes la defensa de la denominada “familia tradicional”, el rechazo a la Educación Sexual Integral y la oposición al aborto legal. La actividad fue impulsada por los legisladores oficialistas Nahuel Sotelo, Santiago Santurio, Joaquín Ojeda y Nicolás Mayoraz, junto con dirigentes y funcionarios porteños. También participaron la exvicepresidenta Gabriela Michetti, la senadora del PRO Carmen Álvarez Rivero, el ministro de Desarrollo Humano de la Ciudad, Gabriel Mraida y Cinthya Hotton, entre otros referentes de sectores conservadores.
La propia Álvarez Rivero reconoció después del encuentro que existe una agenda para modificar políticas aprobadas durante las últimas dos décadas y planteó incluso la posibilidad de revertir la legislación sobre aborto. Según la senadora, para avanzar en esa dirección no alcanzaría con una iniciativa parlamentaria: sería necesario que la sociedad acompañara el cambio. La estrategia de estas organizaciones apunta precisamente a modificar los consensos sociales antes de intentar traducirlos en cambios legislativos.
La Declaración del Consenso de Ginebra fue impulsada originalmente durante el gobierno de Donald Trump y en junio de este año Estados Unidos asumió su secretaría, que hasta entonces estaba en manos de Hungría. El documento sostiene una concepción restrictiva de los derechos reproductivos y busca generar posiciones comunes en ámbitos multilaterales para impedir que el aborto sea reconocido como un derecho internacional.
La incorporación argentina se produce, sin embargo, en un contexto en el que las encuestas todavía muestran un amplio respaldo social a distintas políticas vinculadas con la igualdad y los derechos sexuales. Un estudio de Pulsar, el observatorio de opinión pública de la UBA, señala que siete de cada diez argentinos apoyan el matrimonio igualitario y que más de siete de cada diez consideran que todavía es necesario avanzar en materia de igualdad de género.
Otros relevamientos muestran niveles similares de apoyo. Según un estudio del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), más del 80% de los consultados respalda el acceso a métodos anticonceptivos para prevenir embarazos no deseados. El informe también registra un amplio reconocimiento de problemas como la violencia de género y los abusos sexuales. Los datos cuestionan así la idea de que la sociedad argentina haya experimentado un giro masivo hacia posiciones contrarias a las políticas de igualdad y derechos reproductivos.
La adhesión al Consenso de Ginebra y el desembarco de organizaciones como la PNFV muestran, en ese marco, que la “batalla cultural” también se libra alrededor de los derechos sexuales y reproductivos. El desafío para estos sectores será convertir esa ofensiva política y cultural en cambios concretos sobre una legislación que, por ahora, mantiene un respaldo social significativo.
