Tras el fallo de la Cámara Federal que habilitó el secuestro de su teléfono, Milman llevó su celular al juzgado de María Eugenia Capuchetti. Sin embargo, expresó su rechazo a que el dispositivo sea analizado para saber si él tuvo relación con el intento de matar a la vicepresidenta y anunció que apelará ante la Cámara de Casación Penal. También advirtió que antes de cualquier medida deberá mediar autorización de la Cámara de Diputados.
El diputado de Juntos por el Cambio Gerardo Milman entregó su celular a la jueza María Eugenia Capuchetti en la causa donde se investiga si tuvo alguna vinculación o conocimiento respecto del intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner. Esto no implica en absoluto que pronto se pueda analizar el contenido. Su abogado presentó un escrito donde anticipa su oposición a que sea abierto y dice que apelará ante la Cámara Federal de Casación Penal. Agrega que previo a cualquier medida deberá dar su autorización la Cámara de Diputados, ya que el exjefe de campaña de la candidata presidencial Patricia Bullrich está amparado por la ley de fueros, algo que tanto el juzagado como el fiscal Carlos Rívolo admiten.
La decisión de Milman fue consecuencia del fallo de la Sala I de la Cámara Federal que la semana pasada, por mayoría, habilitó el secuestro de su teléfono, cuando está por cumplirse -el próximo 1 de septiembre- un año del atentado a la vicepresidenta. Así, hicieron lugar a lo que pedían tanto la fiscalía como la querella de CFK. Si el exnúmero dos de Bullrich en el Ministerio de Seguridad del macrismo no lo entregaba en forma voluntaria, había vía libre para que se lo incautaran. No tenía mucho sentido llegar a ese punto ya que era evidente que, por distintas vías, podría seguir dilatando igual la ejecución del peritaje y le resultaría más conveniente mostrar colaboración con la investigación. A eso hay que sumar que, después de tanto tiempo, es poco probable que haya información relevante dentro del celular.
Para largo
El abogado Manuel Barros se presentó este martes a las 10.45 en el juzgado y, en presencia de dos testigos, entregó el celular a pedido -dijo- de Milman, su cliente, quien se había autoimputado cuando creció la discusión sobre el secuestro de su teléfono, para poder acceder al expediente. Es un Iphone de color negro, que quedó en una caja fuerte del despacho de Capuchetti, sin cargador y sin la clave de acceso. Fue recibido por dos peritos informáticos del Gendarmería Nacional que, antes de guardarlo, le sacaron la tarjeta SIM, la dejaron pegada al aparato y luego lo envolvieron en papel de aluminio, un material que actúa como aislante para evitar el acceso remoto. Finalmente lo colocaron en un sobre blanco y éste en una bolsa de plástico para evidencias forenses. Así empezaba la famosa “cadena de custodia”.
En el escrito entregado, al que accedió Página/12, Barros aclara que “no consiente” la resolución de la Cámara Federal el 17 de agosto último, y anuncia “que en el plazo procesal oportuno se impondrá recurso de casación” ya que considera “que adolece de fundamentación suficiente”, “amén de haber vulnerado palmariamente distintas garantías constitucionales”. Explica que entrega el teléfono mientras dure el trámite, de modo que quede a resguardo y que no se practique ninguna medida hasta que haya una decisión firme. Remarca que, de todos modos, debe dar el visto bueno Diputados, de acuerdo con la ley de fueros.
Al revocar la decisión de Capuchetti, que se negaba a ordenar el secuestro del teléfono, los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi argumentaron la semana pasada que “por la excepcionalidad” del expediente y “la gravedad que tiene el hecho objeto de la investigación” no se deben “restringir diligencias que puedan admitir avanzar o excluir responsabilidades en la pesquisa”. El fallo, de todos modos, limitó el análisis de mensajes y comunicaciones del diputado al período entre el 1 de julio de 2022 y el 10 de mayo de 2023. El camarista Mariano Llorens, en cambio, se opuso con el argumento de que hasta ahora no hay pruebas que den “credibilidad” al testimonio de Jorge Abello, un asesor del bloque del Frente de Todos en la Cámara baja y colaborador del diputado Marcos Cleri, que fue quien declaró haber escuchado a Milman en el bar Casablanca decir la frase “cuando la maten yo estoy camino a la costa”, dos días antes del atentado a CFK.
Obstáculos de una pista política
El relato de Abello fue lo que, en rigor, dio lugar a la llamada “pista Milman”, la primera posible conexión política que apareció en la causa. La presencia del diputado opositor allí en el bar Casablanca, por la tarde y con dos mujeres que eran colaboradoras suyas, fue confirmada. Los secuestros de los celulares de esas asesoras fueron otra odisea ya que Capuchetti no quiso incautarlos la primera vez que declararon, el 26 de octubre pasado, pese a que intentaron mentir al decir que no recordaban haber estado en ese bar para la fecha en cuestión, hasta que les mostraron las imágenes y tuvieron que desdecirse. Igual entraron en contradicciones.
Ellas, Carolina Gómez Mónaco e Ivana Bohdziewicz, recién entregaron sus teléfonos el 1 de diciembre, por indicación de la Cámara Federal. La primera aclaró que había cambiado el aparato y no tenía nada. La segunda dijo que había borrado su contenido para preservar su intimidad. Parecía una tomadura de pelo. En el caso de Bohdziewicz se pudieron rescatar algunos mensajes dudosos, como uno enviado a un grupo de mujeres del despacho que decía “borren todo”, el día previo a Casablanca. El camarista Llorens, pese a todo esto, considera que esos celulares no aportaron nada relevante y por eso no se constata lo que dijo Abello.
El fiscal Rívolo pidió peritar el celular de Milman después de que Bohdziewicz se presentara a declarar por tercera vez en mayo, esta vez sin haber sido citada. Igual que a varias de sus asesoras, Milman la había echado después de fin de año, y tras un escándalo desatado por la gran cantidad de gente que tenía contratada en su despacho (treinta al menos). Gómez Mónaco, que había trabajado con él en Seguridad, corrió mejor suerte y no perdió el trabajo. Ivana declaró que no había borrado el celular por voluntad propia sino que Gómez Mónaco la había llevado a una oficina de Bullrich (el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad) y que allí las esperaban Milman y un perito. Dijo que el especialista estuvo cuatro horas con su teléfono para vaciarlo, que también “manipuló” el de Milman y que a Gómez Mónaco la mandaron a comprar un Iphone nuevo y a que pusiera una nueva contraseña para impedir el acceso.
De todos modos Bohdziewicz agregó que su compañera usaba un celular que no estaba a su nombre, algo que no se sabía. Se lo secuestraron el 10 de mayo y recién ahora será peritado. El período a analizar será del 1 de julio de 2022 hasta esa fecha. Rívolo encomendó el análisis a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y también a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico del Ministerio Público Fiscal (DATIP).
FUENTE: Página 12.
