Por la tarde del miércoles, una tanqueta derribó las puertas del Palacio Quemado de Bolivia, tras amenazas del comandante general del Ejército, Juan José Zúñiga, de tomar la sede del gobierno. El presidente Luis Arce reemplazó a la cúpula militar y ordenó la detención de Zúñiga, restableciendo el orden después de horas de incertidumbre.
Cerca de las 16 horas del miércoles, una tanqueta derribó las puertas del Palacio Quemado en Bolivia, luego de que el comandante general del Ejército, Juan José Zúñiga, amenazara con tomar la sede del gobierno. Zúñiga se bajó de la tanqueta, ingresó al edificio en el centro de La Paz y confrontó al presidente Luis Arce, mientras un grupo de soldados armados rodeaban la plaza Murillo en lo que el gobierno calificó como un intento de golpe. La tensión duró varias horas hasta que Arce nombró a una nueva cúpula en las Fuerzas Armadas, ordenó a los militares regresar a sus unidades y Zúñiga fue detenido.
Durante la violenta irrupción, Zúñiga declaró a los medios que buscaba cambios en el gabinete y la “liberación de todos los presos políticos”, incluyendo a la expresidenta interina Jeanine Áñez y al gobernador opositor Luis Fernando Camacho. Los rumores sobre la posible destitución de Zúñiga circulaban desde el martes, tras su amenaza de detener al expresidente Evo Morales si se presentaba como candidato en las elecciones de 2025.
Desde el Palacio Presidencial, Arce convocó a los bolivianos a movilizarse “en contra del golpe de Estado” y tomó juramento a los nuevos comandantes del Ejército, José Sánchez, de la Fuerza Aérea, Gerardo Zabala, y de la Armada, Wilson Guardia. Las tropas bajo el mando de Zúñiga se retiraron de la plaza Murillo después de varias horas, y Arce se mostró victorioso. “Nadie nos puede quitar la democracia que hemos ganado. Vamos a seguir trabajando”, afirmó el mandatario desde un balcón del Palacio Quemado ante cientos de seguidores.
Cuando Zúñiga y su grupo ocuparon la plaza Murillo, Arce estaba en el Palacio junto a su vicepresidente David Choquehuanca. Varios sectores sociales, sindicales e incluso dirigentes opositores expresaron su apoyo al gobierno. La Central Obrera Boliviana (COB) se declaró en huelga indefinida y convocó al “traslado de todas las organizaciones sociales y sindicales a la ciudad de La Paz para defender el orden constitucional”.
En la noche del miércoles, Zúñiga fue capturado y llevado a un vehículo policial fuera de un cuartel militar. En una breve declaración, acusó a Arce de ordenar “sacar los blindados para levantar su popularidad”. Antonio Abal Oña, excónsul boliviano en Argentina, desestimó las afirmaciones de Zúñiga, señalando que no tenía sentido sacrificar a un general por un civil.
Zúñiga, anteriormente jefe del Estado Mayor de Bolivia, había sido acusado de narcotráfico y señalado por Evo Morales como uno de los presuntos ejecutores del “Plan Negro”, una operación supuestamente dirigida a perseguir y atentar contra líderes políticos y sociales.
Antes de su destitución, Zúñiga había amenazado con que las Fuerzas Armadas impedirían la candidatura de Morales. El miércoles, entre tanques militares, afirmó que pronto se formaría un nuevo gabinete de gobierno y pidió liberar a los “presos políticos” del golpe de 2019. Zúñiga aseguró que “por el momento” reconocía la autoridad de Arce, pero que las Fuerzas Armadas debían “recuperar esta patria”.
El Movimiento Al Socialismo (MAS) está dividido entre Arce y Morales. A fines de 2023, el Tribunal Constitucional inhabilitó a Morales como candidato para las elecciones de 2025, aunque Morales busca la candidatura del MAS. Arce no ha confirmado si buscará la reelección.
La comunidad internacional condenó la situación en Bolivia. La OEA rechazó cualquier forma de quebrantamiento del orden constitucional. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, convocó a una reunión de urgencia de la CELAC. El Grupo de Puebla también rechazó la asonada militar. La Casa Blanca llamó a la “calma y moderación”. Los presidentes de Brasil, Colombia, Guatemala, Uruguay y Perú expresaron su apoyo al gobierno de Arce, mientras que Javier Milei de Argentina no se pronunció, solo la canciller Diana Mondino advirtió que “la democracia no se negocia”.
