El Ministerio de Seguridad, liderado por Patricia Bullrich, suspendió la oferta de recompensas para capturar a 21 ex militares acusados de crímenes de lesa humanidad, poniendo en riesgo los esfuerzos por lograr justicia en Argentina.
El Ministerio de Seguridad, bajo la dirección de Patricia Bullrich, ha cesado la oferta de recompensas para localizar a 21 acusados de crímenes de lesa humanidad que se encuentran evadiendo la justicia federal. Estos individuos, que incluyen a exmiembros de fuerzas policiales, militares y civiles, están siendo buscados en todo el país. Esta medida afecta directamente la búsqueda de justicia en relación con estos crímenes, un compromiso fundamental tanto a nivel nacional como internacional por parte del Estado argentino.
La decisión fue tomada por Bullrich el pasado 24 de marzo, coincidiendo con el aniversario de 48 años del golpe cívico-militar, y marcando un año desde la decisión administrativa de su predecesor, Aníbal Fernández, de extender la oferta de recompensas.
La cartera ministerial eliminó de su sitio web el Programa de Recompensas para 21 represores por los cuales se ofrecían 5 millones de pesos a aquellos que proporcionaran información para ubicarlos. Solo se mantiene en la lista la búsqueda de Aníbal Miguel Sánchez, un exoficial del Ejército prófugo de la causa por los crímenes en el Regimiento de Infantería 6 de Mercedes.
Entre los individuos cuyas recompensas han sido eliminadas se encuentran exmiembros de la Policía Federal, penitenciarios, militares y civiles, acusados de diversos crímenes en distintas regiones del país.
