El ministerio adjudicó más de $114 millones a una institución encabezada por la pareja del funcionario libertario. Aunque se aplicaron mecanismos formales de control, el caso tensiona el discurso oficial contra los privilegios.
La Cancillería Argentina adjudicó un contrato por $114 millones a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa para capacitar en inglés a su personal diplomático y administrativo. El servicio alcanzará a más de un centenar de agentes y contempla clases presenciales, formación virtual, evaluaciones y provisión de material académico durante nueve meses, con posibilidad de extensión.
La operación generó cuestionamientos políticos porque la directora ejecutiva de la institución beneficiada es María Josefina Rouillet, esposa del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. El vínculo familiar activó los mecanismos de integridad previstos por la normativa vigente, con intervención de la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General, que reconocieron formalmente la relación y exigieron medidas adicionales de transparencia.
Para avanzar con la contratación, el ministerio firmó un Pacto de Integridad con la entidad adjudicataria y justificó la selección bajo el criterio de “especialidad”, señalando que la asociación garantizaba continuidad técnica en el programa de capacitación. La licitación tuvo un único oferente, lo que reforzó la elección de la institución dirigida por la esposa del funcionario.
El caso abre un frente incómodo para el gobierno, que construyó parte de su legitimidad sobre la denuncia de privilegios y vínculos entre política y negocios. Aunque el procedimiento cumplió con las formalidades legales, la contratación reavivó el debate sobre los límites éticos del conflicto de intereses en la administración pública y sobre la coherencia entre el discurso oficial y sus prácticas.
