La decisión del Gobierno de recortar el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas encendió la alarma entre profesionales y familias: alertan por demoras en cirugías vitales, ruptura de la red federal y un impacto directo sobre la mortalidad infantil.
La política de recortes del Gobierno nacional alcanzó de lleno al Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas (PNCC), una estructura clave para la atención de bebés nacidos con malformaciones cardíacas. La no renovación de contratos a profesionales especializados provocó la renuncia del equipo completo, lo que dejó al programa sin capacidad operativa. Especialistas y organizaciones advirtieron que la medida pone en riesgo inmediato la vida de niños y niñas que dependen de cirugías de urgencia para sobrevivir.
Cada año nacen en la Argentina alrededor de 7000 bebés con cardiopatías congénitas, y cerca de la mitad requiere una intervención quirúrgica durante el primer año de vida. Desde su creación en 2008, el PNCC articuló una red federal de derivación que permitió reducir de manera sostenida la mortalidad infantil asociada a estas patologías. La Federación Argentina de Cardiología alertó que la desvinculación de profesionales desarma el equipo técnico, elimina la experiencia acumulada y rompe el sistema de coordinación entre provincias.
El programa funcionaba con un grupo reducido de especialistas que garantizaban la evaluación permanente de casos y la derivación a 15 centros de alta complejidad en todo el país. Esa estructura permitió realizar unas 800 cirugías anuales y atender miles de notificaciones, además de incorporar el diagnóstico prenatal y el seguimiento de embarazadas. Con la salida forzada de parte del equipo y la renuncia del resto, la red quedó virtualmente paralizada.
Familias de pacientes denunciaron que el impacto ya se siente en los hospitales. Aparecieron listas de espera que antes no existían, se registraron demoras en intervenciones básicas y comenzaron a acumularse complicaciones evitables. “Esto no es un ajuste administrativo: es la muerte de bebés que esperan una cirugía de corazón para poder vivir”, advirtió Lucía Wajsman, referente del colectivo Cardiocongénitas Argentina y una de las impulsoras de la ley que dio respaldo legal al programa en 2023.
Desde el Ministerio de Salud, que conduce Mario Lugones, no hubo explicaciones públicas sobre el futuro del PNCC. El silencio oficial contrasta con la gravedad de las advertencias médicas: sin un centro coordinador, sin especialistas y sin red federal, el sistema retrocede más de una década, con consecuencias directas sobre el derecho a la salud y a la vida. Para los profesionales, el desmantelamiento del programa no responde a criterios sanitarios, sino a una decisión ideológica que convierte el ajuste en una política con víctimas concretas.
