La Cámara baja dio media sanción a la iniciativa de inviolabilidad de la propiedad privada, pero eliminó el artículo que derogaba la norma que limita la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. El texto obtuvo 124 votos a favor y deberá volver al Senado.

El oficialismo consiguió avanzar en Diputados con el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, pero debió aceptar cambios para reunir los votos. El principal fue mantener vigente la Ley de Tierras Rurales, sancionada en 2011 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Con esa modificación, la iniciativa regresará al Senado para su tratamiento.
En la votación en general, el proyecto reunió 124 votos afirmativos, 119 negativos y seis abstenciones. Entre estas últimas estuvieron las de diputados que responden al gobernador cordobés Martín Llaryora y la del larretista Álvaro González, cuyos votos resultaron relevantes para que el oficialismo alcanzara la media sanción. En particular, la restitución de la Ley de Tierras cosechó 239 votos a favor, cuatro en contra y seis abstenciones.
La norma que seguirá vigente establece un límite del 15% a la titularidad extranjera de tierras rurales en los niveles nacional, provincial y municipal. El Gobierno había incluido su derogación en el decreto de necesidad y urgencia 70/2023, pero las objeciones judiciales y políticas obligaron a revisar esa decisión. El nuevo texto elimina el artículo que terminaba con esas restricciones.
El proyecto también modifica el régimen de expropiaciones y endurece las condiciones para recuperar inmuebles ocupados. El oficialismo defendió esos cambios en nombre de la protección de la propiedad privada y de la necesidad de fijar criterios para las expropiaciones. La oposición, en cambio, advirtió que la iniciativa reduce facultades estatales y puede afectar derechos sociales y ambientales.
El diputado massista Diego Giuliano sostuvo que el Gobierno dio marcha atrás ante los cuestionamientos por la extranjerización de tierras. Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, también atribuyó los cambios a la presión social y a los cuestionamientos institucionales y judiciales. El debate continuará en el Senado, donde el proyecto deberá conseguir la aprobación definitiva con las modificaciones introducidas en Diputados.


