Con la excusa de controlar la inflación, la administración libertaria busca restringir drásticamente las paritarias, debilitando el poder de los sindicatos y precarizando aún más los acuerdos salariales. La medida, que no fue consultada con la CGT, promete una fuerte resistencia del movimiento gremial.
El gobierno de Javier Milei planea implementar un “plan de paritarias cero” a partir de marzo, con el objetivo de utilizar los salarios como ancla para frenar la inflación. Este plan tiene como premisa reducir al mínimo los aumentos salariales, aunque se ofrecerán acuerdos parciales y más flexibles, basados en negociaciones regionales o empresariales, solo si las empresas se comprometen a no trasladar esos aumentos a los precios de sus productos.
Este programa constituye una continuación del ajuste en las paritarias que comenzó en 2024, cuando la Secretaría de Trabajo ya restringió las homologaciones de aumentos salariales que superaran las previsiones inflacionarias del Gobierno. Así, durante el segundo semestre del año pasado, se forzaron acuerdos a la baja, como el de Camioneros, o directamente se negaron acuerdos como el de Sanidad. Para 2025, el plan prevé una suspensión de las paritarias tradicionales, restringiendo las negociaciones salariales a niveles locales o sectoriales, y solo si no se impacta sobre los precios.
El Gobierno justifica esta medida argumentando que al suprimir las paritarias tradicionales, las empresas ya no podrán justificar aumentos de precios por los incrementos salariales, lo que, en teoría, tendría un efecto neutral sobre el poder adquisitivo de los trabajadores. Sin embargo, este enfoque no fue consultado con la CGT, y se espera una fuerte resistencia de los gremios, que rechazan los intentos de reducir la importancia de las negociaciones nacionales.
