Un nuevo DNU publicado este martes formaliza la intención del Ejecutivo de abrir la empresa de agua y saneamiento al capital privado, modificando la participación estatal y otorgando facultades para la suspensión del servicio por mora. El Gobierno argumenta una «profunda crisis» y la necesidad de nuevas inversiones.
El Gobierno Nacional dio un paso decisivo en el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA). A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 493/2025, que publicó este martes en el Boletín Oficial, habilitó formalmente la venta de acciones de la empresa, la entrada de capital privado y, un punto sensible, la facultad de cortar el servicio por falta de pago.
Este DNU reformó el marco regulatorio para la prestación del servicio público de agua potable y desagües cloacales, otorgando a AySA nuevas atribuciones. Entre ellas, destacó la posibilidad de efectuar el corte del servicio en caso de mora en los pagos. Además, la empresa contará con amplias facultades para revisar y auditar obras en su área de operación y podrá utilizar los fondos de la explotación de la concesión como garantía para obtener financiamiento.
La medida más significativa del DNU radicó en la modificación del artículo 2° del Decreto N°304/06. Anteriormente, este establecía que el 90% del capital de AySA pertenecía al Estado y que dichas acciones eran «intransferibles». Con el cambio regulatorio, se determinó que “el Estado Nacional podrá enajenar total o parcialmente su participación accionaria”, abriendo la puerta oficialmente a la privatización de la compañía que presta servicios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
El Gobierno justificó estas modificaciones argumentando que “el diseño del régimen vigente no se ajusta a las necesidades actuales de expansión, sostenibilidad y eficiencia” y que fue “concebido para un modelo de gestión estatal que no contempla adecuadamente las condiciones necesarias para fomentar nuevas inversiones y ampliar la cobertura”.
Asimismo, el Ejecutivo sostuvo que la medida se dictó en un contexto de «profunda crisis económica» que limita severamente la capacidad del Estado para sostener y expandir la prestación del servicio público. En el texto oficial, se indicó que esta situación crítica se evidenció en el “creciente deterioro operativo y financiero de Agua y Saneamientos Argentinos S.A., cuya estructura actual resulta insuficiente para dar respuesta a las demandas crecientes de cobertura, calidad y sostenibilidad”.
La avanzada hacia la privatización de AySA marcó un cambio trascendental en la política de servicios públicos del país, con implicancias directas para millones de usuarios en el AMBA.
