El vocero Manuel Adorni anunció la medida utilizando un eufemismo: “eliminar cualquier política discriminatoria”. Afirmó que “la Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento, ni de religión”, sin detallar a qué prerrogativas vigentes se refería concretamente.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, generó polémica este viernes al anunciar que el Gobierno adoptará ”medidas necesaria” para eliminar políticas que sean ”ideológicas y discriminatorias”, estableciendo como único criterio de ingreso a cargos públicos la idoneidad de las personas.
”El Gobierno nacional dispondrá las medidas necesarias para eliminar cualquier política ideológica y discriminatoria que habilite el ingreso a los empleos públicos por criterios que no sean específicamente los referidos a la propia idoneidad de las personas”, expresó Adorni en sus redes sociales. En su mensaje, el portavoz del presidente Javier Milei aseguró que en la Argentina ”no hay prerrogativas de sangre, nacimiento ni religión, y todos sus habitantes son iguales ante la ley”.
Las leyes de cupo en la mira
Si bien Adorni no detalló qué normativas serían derogadas, el mensaje genera preocupación entre diversos sectores, dado que el Estado cuenta actualmente con leyes de cupo que buscan garantizar derechos a grupos históricamente relegados. Entre ellas, el cupo laboral travesti-trans, que asegura un mínimo del 1% de cargos públicos para personas travestis, transexuales y transgénero, y el cupo femenino del 30% en listas electorales establecido por la ley 24.012.
A esto se suma la Ley de Paridad de Género, que obliga a las listas de candidatos a cargos legislativos a estar integradas de manera alternada por mujeres y varones. Estas políticas, reconocidas internacionalmente como herramientas para combatir la desigualdad estructural, podrían estar en riesgo bajo la lógica del Gobierno de Milei, que considera estas medidas ”ideológicas”.
Más incertidumbre para trabajadores estatales
El anuncio de Adorni coincide con una medida del Ministerio de Desregulación, liderado por Federico Sturzenegger, que obliga a unos 40.000 trabajadores estatales a rendir un examen para determinar si sus contratos serán renovados. Según el modelo del Sistema de Evaluación Pública (SEP), disponible en el portal Argentina.gob.ar, esta evaluación se realizará en diciembre, generando incertidumbre y temor entre los empleados, cuyos contratos vencen el 31 de diciembre.
Críticas y temores
La propuesta de eliminar políticas de inclusión fue recibida con preocupación por organizaciones sociales y especialistas en derechos humanos, quienes advierten que estas medidas no sólo son retrocesos en materia de igualdad, sino que perpetúan la discriminación. Además, el examen para estatales es visto como un intento de ajuste encubierto que podría vulnerar la estabilidad laboral de miles de familias.
En este contexto, el gobierno de Milei parece avanzar en un modelo que prioriza una mirada meritocrática que no considera las desigualdades de base, dejando desprotegidos a los sectores más vulnerables y profundizando la brecha de derechos en la sociedad argentina.
