Con 149 votos afirmativos, la Cámara de Diputados de la Nación Argentina aprobó la reforma del régimen penal juvenil impulsada por el Ejecutivo. La iniciativa, que reduce la edad de imputabilidad y establece penas y medidas alternativas, ahora será tratada por el Senado de la Nación Argentina.
El gobierno de Javier Milei logró este jueves una nueva victoria parlamentaria luego de que la Cámara baja aprobara en general el proyecto de reforma juvenil penal. La propuesta obtuvo 149 votos a favor contra 100 en contra y recibió el respaldo del oficialismo, encabezado por La Libertad Avanza, junto a bloques aliados. Durante la sesión, el oficialismo defendió la iniciativa como una actualización de una normativa vigente desde 1980 y sostuvo que responde a un reclamo social frente a delitos cometidos por menores.
Desde los sectores que acompañaron la medida, referentes del PRO y del radicalismo argumentaron que la reforma busca terminar con zonas de impunidad y dar herramientas al sistema judicial frente al avance del narcotráfico y la violencia urbana. En cambio, desde la oposición —con críticas de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda— denunciaron que la propuesta impulsa una respuesta punitivista y advirtieron que podría saturar institutos de menores sin atacar las causas sociales del delito.
El proyecto establece que jóvenes desde los 14 años podrán ser penalmente responsables en delitos graves, con penas que pueden llegar a los 15 años de prisión. Para delitos menores, contempla medidas alternativas como monitoreo electrónico, servicios comunitarios o reparación del daño. Además, prevé partidas presupuestarias específicas para su implementación y funcionamiento institucional.
Durante la votación en particular se introdujeron cambios relevantes: se eliminaron artículos que permitían interpretar que menores podrían alojarse en dependencias vinculadas a cárceles de adultos, reforzando la exigencia de espacios especializados. Con estas modificaciones, el texto pasó al Senado, donde el oficialismo aspira a convertirlo en ley antes del inicio del período ordinario de sesiones.
