Amenazó con impulsar una acción penal contra Mario Aguilera si no asume las competencias del gobernador, quien se encuentra detenido por su participación en el golpe de Estado de 2019.
El Gobierno de Bolivia amenazó este viernes con impulsar una acción penal por incumplimiento de funciones si el vicegobernador del departamento de Santa Cruz, Mario Aguilera, no asume las competencias del detenido gobernador Luis Fernando Camacho, quien también será investigado por transferencias de dinero que hizo a militares durante la crisis que terminó con el golpe de Estado de 2019.
“Que el vicegobernador y la Asamblea cumplan con la norma vigente, porque corresponde una acción penal por el delito de incumplimiento de deberes, en caso de que no cumplan con su estatuto autonómico”, indicó el ministro de Justicia, Iván Lima, sobre la necesidad de que Camacho sea reemplazado.
Lima reseñó que el estatuto autonómico vigente establece en sus artículos 25 y 26 las causales de la ausencia de la autoridad electa, como sucede con Camacho, investigado por el denominado caso “golpe de Estado I”, que terminó con el entonces presidente Evo Morales fuera del Ejecutivo.
Para Lima, “tanto el vicegobernador como la Asamblea deben hacer un análisis jurídico y tomar determinaciones”, porque “el concepto ausencia del gobernador está jurídicamente establecido ante la detención preventiva que tiene él en este momento”.
“Si deciden que no hay una ausencia, que el gobernador está en Santa Cruz, se estarán estrellando con la realidad y esa no es una posibilidad admisible”, expresó el titular de Justicia, según el sitio del diario El Deber.
Como gesto de respaldo, Aguilera y varios funcionarios de la administración cruceña afirmaron en repetidas oportunidades que Camacho sigue siendo el gobernador y que ejercerá funciones desde la cárcel.
También la vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Dina Chuquimia dio por hecho que Aguilera debe hacerse cargo de la gobernación.
Chuquimia recordó que, a diferencia de los demás departamentos, en Santa Cruz se eligió gobernador y vicegobernador en las elecciones subnacionales de 2021.
“Una vez que asumen, lo hacen con todas las competencias que manda la ley. Ellos aplican su Estatuto Autonómico de Santa Cruz, que en el artículo 25 habla de esta serie de situaciones que actualmente se está dando, de una ausencia temporal o impedimento definitivo”, explicó la funcionaria electoral, de acuerdo con la agencia de noticias estatal ABI.
Detenido desde el 28 de diciembre, Camacho fue enviado dos días después al penal de Chonchocoro con una orden de arresto preventivo por cuatro meses.
Además de investigarse su rol en el golpe, se supo ahora que del 5 al 7 de noviembre de 2019 Camacho hizo movimientos bancarios por al menos 4.500.000 de bolivianos (unos 650.000 dólares), aparente financiación para la operación contra Morales.
La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, consideró este viernes que esas transferencias de Camacho a los militares no fueron legales y pidió su investigación.
Las transacciones no solo involucraron al gobernador de Santa Cruz, sino también a su padre, José Luis Camacho, a quien no pocos medios señalan como responsable de acordar con policías y militares para que reprimieran las protestas contra el Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS).
“El entorno de confianza de Camacho se constituyó en una suerte de vínculo con los mandos militares, dirigidos por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman, quien el 10 de noviembre de 2019 sugirió al presidente que `renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad` por el bien de Bolivia”, reseñó la agencia ABI.
Uno de los nombres que aparece en el esquema de transacciones financieras es el del excomandante de la Fuerza Aérea, general Jorge Terceros, parte del alto mando dirigido por Kaliman.
El abogado de Terceros, Eusebio Vera, confirmó el jueves último que hubo depósitos de parte de Camacho a su defendido y que estos fueron “canalizados mediante el Comandante General de las Fuerzas Armadas, el señor Kaliman”.
Para la ministra Prada, el hecho debe investigarse y los involucrados esclarecer los montos y el destino que dieron a esos dineros.
“Las fuerzas del orden, que tienen una jerarquía a la cual deben obedecer, estaban recibiendo en sus cuentas dinero de personas como el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz en ese momento; por supuesto que eso tiene que investigarse porque no es para nada legal, ni tampoco -como ellos están dando a entender- se trató de un movimiento ciudadano”, señaló Prada a Bolivia TV.
Finalmente, Prada dijo que las protestas en reclamo de la libertad de Camacho “están focalizadas en ciertas zonas” de Santa Cruz capital y que buscan “generar impunidad” sobre los hechos de 2019.
FUENTE: Télam
