EL GOBIERNO EVALÚA SI GASTAR 14.000 MILLONES EN REIMPRIMIR LAS BOLETAS O DEJAR LA CARA DE ESPERT

Tras la renuncia del candidato, la Justicia Electoral debe definir si hay tiempo para rehacer las boletas. Reimprimirlas costaría alrededor de 14 mil millones de pesos y el oficialismo ya enfrenta críticas por el gasto.

Tras la renuncia del candidato, la Justicia Electoral debe definir si hay tiempo para rehacer las boletas. Reimprimirlas costaría alrededor de 14 mil millones de pesos y el oficialismo ya enfrenta críticas por el gasto.

La renuncia de José Luis Espert como candidato a diputado nacional por Buenos Aires dejó al Gobierno ante un dilema inesperado: mantener su rostro en la boleta de La Libertad Avanza o reimprimir todas las papeletas electorales, lo que implicaría un costo adicional de 14 mil millones de pesos. La decisión depende ahora de los plazos que establezca la Justicia Electoral, ya que las boletas únicas —que debutan este año a nivel nacional— fueron impresas y listas para su distribución desde el 29 de septiembre.

Mientras tanto, desde la oposición cuestionaron el manejo del caso y el uso de fondos públicos. Los candidatos de Fuerza Patria, Sebastián Galmarini y Jimena López, calificaron la situación como “una muestra de ineficiencia y desprecio por los recursos del Estado”. Galmarini recordó que en 2023 la impresión electoral equivalía a “34 mil millones de pesos de hoy”, y que en 2025 el gasto ya ascendía a más de 52 mil millones, sin contar la nueva reimpresión: “Ahora sumarán otros 14 mil millones solo por el capricho de Milei de poner a Espert y bajarlo dos semanas antes”, señaló.

López, por su parte, afirmó que “el error político del presidente nos va a costar más de 100 millones de dólares mientras el Gobierno dice que no hay plata para las universidades, los jubilados ni las personas con discapacidad”. En el oficialismo, en tanto, esperan una definición judicial para saber si el economista —acusado de vínculos con el empresario Fred Machado— seguirá apareciendo en las boletas o si el Estado deberá afrontar el costo político y económico de borrarlo a último momento.

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