La decisión del Ejecutivo de avanzar con nombramientos en comisión, a pesar de las dudas sobre su legalidad, profundiza la tensión con el Senado y refleja una estrategia unilateral que ignora los consensos necesarios.
En un clima de creciente tensión política, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, defendió la posibilidad de que el presidente avance con designaciones en comisión para cubrir las vacantes en la Corte Suprema, un mecanismo que generó fuerte rechazo en el Senado, particularmente desde el interbloque de Unión por la Patria (UP). “No descarto que, si la Corte se queda en una situación cercana a la acefalía, el Presidente pueda ejercer esa facultad transitoria”, declaró Francos, señalando antecedentes históricos aunque exagerando su validez.
Rechazo de los senadores de UP
El jefe del interbloque de UP, José Mayans, le entregó una carta a Francos firmada por los 33 senadores de su espacio, comprometiéndose a rechazar cualquier pliego de un juez designado por decreto “en comisión”. En el texto titulado “No hay juez de la Corte sin Acuerdo del Senado”, se remarcó que cualquier intento de eludir el aval del Senado sería rechazado de inmediato.
Mayans también aprovechó para exigir una discusión más amplia sobre la conformación de la Justicia, incluyendo la elección de procurador general, defensores públicos y otros cargos clave. “Procurador general, miembros de la Corte, Defensor; hagan un acuerdo con las fuerzas políticas”, reclamó, dejando entrever que la negociación es inevitable.
Críticas por la falta de representación femenina
Durante el debate, la senadora Mónica Silva, de Juntos Somos Río Negro, cuestionó por qué el Ejecutivo no propuso a una mujer para cubrir la vacante de Elena Highton de Nolasco. Francos admitió que era un reclamo válido y que, si los actuales pliegos no avanzaban, el presidente podría reconsiderar esa posibilidad. Sin embargo, esa declaración, interpretada como una señal de flexibilidad, generó molestia en sectores del oficialismo, que insisten en mantener los actuales candidatos, Ariel Lijo y Manuel García Mansilla.
El dilema del Gobierno: ”los dos o ninguno”
Desde la Casa Rosada, el mensaje es claro: no habrá negociación que permita avanzar con un solo candidato. Aunque Lijo cuenta con cierta aceptación dentro de UP, su perfil más cercano al peronismo contrasta con el de García Mansilla, de marcada inclinación ultraconservadora, lo que complica alcanzar los dos tercios necesarios para su aprobación.
Además, la posibilidad de avanzar por decreto con las designaciones en comisión, un mecanismo legalmente cuestionable reservado para cargos vacantes durante el receso legislativo, parece una apuesta arriesgada. Esto no solo podría tensar aún más la relación con el Senado, sino que también plantea dudas sobre si los jueces aceptarían asumir en esas condiciones y si la Corte les tomaría juramento.
Una estrategia que divide al oficialismo
En medio de estas tensiones, el bloque de UP dio señales ambiguas. Durante el fin de semana, Lucía Corpacci, vicepresidenta del PJ y exgobernadora de Catamarca, firmó el dictamen que habilita el pliego de Lijo, argumentando que abrir el debate era preferible ante la posibilidad de candidatos aún menos favorables. Sin embargo, Mayans aclaró que esa firma no implica compromiso de apoyo en el recinto. “Hoy los dos tercios no están para nadie”, advirtió.
Un escenario sin salidas fáciles
El Ejecutivo se encuentra en una encerrona: la estrategia de imponer los nombramientos en comisión podría generar un enfrentamiento institucional y comprometer aún más su relación con el Senado, mientras que las posibilidades de negociar parecen lejanas ante la inflexibilidad de ambas partes. La amenaza de designar masivamente jueces por decreto sigue sobre la mesa, pero su implementación no solo enfrenta obstáculos legales, sino también riesgos políticos y operativos.
