Las subastas de Macri, denunciadas por un perjuicio de u$s 62 millones al Estado debido a ventas “a precios irrisorios”, se reconocen como antecedente más reciente en el Decreto 590 de “enajenación de bienes públicos”.
En un esfuerzo por acelerar privatizaciones y reducir la presencia estatal, el Gobierno publicó un decreto a fines de octubre, ordenando la subasta de 309 propiedades, incluyendo algunas que ni siquiera son de su propiedad. El decreto apela a argumentos usados previamente en 2016 y 2019, durante la administración de Mauricio Macri, para justificar la venta de “baldíos o edificios innecesarios”, una práctica que resultó en la venta subvalorada de terrenos de gran valor, como lotes sin edificar en Puerto Madero. En dichas subastas, participó sólo un oferente, y en cada caso resultó beneficiaria una empresa con vínculos cercanos al gobierno de entonces. En 2020, la Oficina Anticorrupción presentó una denuncia por estos procedimientos y, en noviembre de 2023, un informe de la Auditoría General de la Nación estimó que esta política le costó al Estado unos 62 millones de dólares en ventas por debajo de su valor real.
“Están repitiendo la misma estrategia: organizar subastas urgentes, reducir la tasación de los inmuebles y lograr que sólo participe un oferente”, sostiene un profesional vinculado a la Asociación del Personal del INTA (APINTA), que denunció la inclusión del edificio de Cerviño 3101 en Buenos Aires. Este edificio alberga un centro de investigación, un laboratorio y dependencias técnicas del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
“El decreto 950/2024 autoriza la subasta de 309 propiedades con la justificación de que se trata de terrenos baldíos o edificios en desuso. Pero el de Cerviño 3101 no es ni una cosa ni la otra”, advierte el denunciante. Situado en una zona de alto valor inmobiliario en Alto Palermo, el edificio tiene un valor estimado en 10 millones de dólares y ya figura en el sitio de subastas del Gobierno, lo que hace presumir que ya hay interesados.
Durante el período 2016-2019, se vendieron al menos diez propiedades de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) en condiciones que, según la Oficina Anticorrupción y la Auditoría General de la Nación, resultaron en pérdidas significativas para el Estado. Empresas vinculadas a figuras cercanas al gobierno de Macri, como Consultatio de Eduardo Constantini, TLGT de Nicolás Caputo, y el Grupo Techint, adquirieron propiedades en condiciones favorables, repitiendo un esquema que ahora intenta retomarse, según señala la denuncia del INTA.
La asociación gremial del INTA presentó un documento en el que cuestiona la validez del decreto 950/2024, ya que el predio de Cerviño 3101 es propiedad del INTA, un organismo autárquico cuyo patrimonio no puede ser enajenado sin más por el Ejecutivo. Además, consideran que la justificación del decreto es engañosa, pues describe la propiedad como baldía y en desuso, lo cual no corresponde a la realidad.
La denuncia también acusa al Ejecutivo de “desviación de poder”, al actuar con fines distintos a los que establece la ley, y advierte que estas ventas no solo perjudican al INTA, sino también al sistema estatal de ciencia y tecnología, cuyo desmantelamiento podría estar en juego.
