El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, defendió la baja de la edad de imputabilidad durante una entrevista, destacando un aumento del 20% en delitos cometidos por menores de 13 años. Sin embargo, estadísticas y especialistas cuestionan la efectividad de esta medida, señalando la necesidad de un enfoque más integral y protector hacia los jóvenes en situación de vulnerabilidad.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, afirmó que un chico de 13 años “hoy tiene conciencia, actúa con dolo, tiene intención”. También mencionó que “la cantidad de delitos cometidos por chicos de 13 años nos sorprendería. Hubo un incremento del 20% de un año a otro, con lo cual no cabe duda de que el chico de 13 años de 2024 no es el mismo de antes”. Sin embargo, el entrevistador del canal de noticias TN no indagó sobre los años comparados ni la fuente de dichos datos, ni cuestionó cómo el encarcelamiento temprano resolvería el problema en Argentina. El funcionario aprovechó la falta de preguntas críticas del periodista para defender su cruzada por la baja de la imputabilidad.
En detalle, el Gobierno nacional enviará al Congreso un proyecto de ley que establece un nuevo Régimen Penal Juvenil para adolescentes de entre 13 y 18 años que cometan delitos. La iniciativa fue presentada por la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el mencionado Cúneo Libarona, durante una conferencia de prensa.
“Resulta imposible combatir a los delincuentes sin leyes que amparen a las Fuerzas Federales de Seguridad y a la Justicia a la hora de proteger a los argentinos de bien. Es por eso que, por decisión del Presidente Milei, los equipos conjuntos del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de Justicia trabajaron en la redacción del Proyecto de Baja de Edad de Imputabilidad, con el objetivo de terminar con la impunidad, frenar la puerta giratoria y darle respuesta a la gente”, fue el argumento. Conceptos como “puerta giratoria” o “darle respuesta a la gente” reflejan la demagogia punitiva que resurge con cada crisis económica o tras un hecho policial de alto impacto mediático que involucre a menores.
El Proyecto
El máximo de pena para adolescentes entre los 13 y 18 años está fijado en 20 años. Al cumplir 2/3 de la pena, el tribunal podrá disponer que se continúe con algunas medidas alternativas. La privación de la libertad se ejecutará en “establecimientos especiales o secciones separadas de los establecimientos penitenciarios, bajo la dirección de personal idóneo”.
En los casos de menores no imputables (por ejemplo, un chico de 11 años), el juez “investigará la existencia y circunstancias de un hecho ilícito y la presunta intervención de terceras personas (…) realizará un peritaje psicológico, un informe ambiental y dará intervención a otros organismos. Ante el riesgo de que el menor incurra en nuevos delitos, también podrá ordenar su internación para su readaptación social”.
Penas de tres a seis años. “Siempre que no haya existido muerte de la víctima, grave violencia física o psíquica sobre las personas, no haya lesiones gravísimas en delitos culposos y no se registren otros procesos o condenas, la pena podrá reemplazarse por: amonestación, prohibición de aproximarse a la víctima o sus familiares, prohibición de conducir vehículos, prohibición de concurrir a determinados lugares, prohibición de salir del país o de un ámbito territorial, prestación de servicios a la comunidad, monitoreo electrónico”. Ante el incumplimiento injustificado de una pena alternativa, el juez la sustituirá por otra más severa.
Esconder la Responsabilidad
Como ya se publicó en este medio, las estadísticas de homicidios dolosos atribuidos a menores de 18 años en la Provincia de Buenos Aires muestran un descenso mayor al 50% desde el inicio de la medición en 2009.
Si la estadística contradice el argumento oficialista y el “sentido común” construido por algunos medios, la opinión de especialistas también va en sentido contrario al discurso de la mano dura.
“Pensar el reproche a través del castigo penal es una forma de esconder la cuota de responsabilidad que le cabe al Estado. El problema es que estos jóvenes, generalmente, necesitan una especial protección, otras formas de cuidado, necesitan más acompañamiento, porque la familia no siempre puede hacerlo, porque los padres se quedaron sin batería, están todo el día trabajando, están muy solos. Y el Estado ha estado muy lejos de estas familias. Estar cerca no es darles un plan, un envión, sino acompañarlos cotidianamente”, dice Esteban Rodríguez Alzueta, criminólogo, docente e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes.
En ese sentido, un relevamiento de UNICEF concluyó que los adolescentes privados de la libertad forman parte del sector más vulnerable de la sociedad: el 28% vivió en la calle y el 78% tuvo dificultades para asistir a la escuela, entre otras problemáticas.
“Un Retroceso en Materia de Derechos Humanos”
UNICEF también expresó que “en Argentina la reforma del sistema de justicia penal juvenil no requiere bajar la edad de punibilidad, algo que podría ser interpretado como un retroceso en materia de derechos humanos y como una medida regresiva”, e insistió en que “existen experiencias internacionales que han demostrado que disminuir la edad de punibilidad no ha sido una medida efectiva en el combate a la inseguridad”. Por el contrario, está claro que los adolescentes privados de la libertad son el sector más vulnerable de la sociedad.
La Convención de Naciones Unidas, por su parte, explica en su observación general número 24 relativa a los derechos del niño en el sistema de justicia juvenil que “los Estados partes deben establecer una edad mínima de responsabilidad penal”, y recomienda que no la eleven y sea lo más cercana posible a los 18 años porque “la madurez y la capacidad de pensamiento abstracto todavía están evolucionando en los niños de 12 a 13 años”.
