El informe enviado al Congreso por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, expuso un frente incómodo para el Gobierno: la oposición apuntó a conflictos de interés, falta de transparencia y las irregularidades vinculadas al criptoactivo $LIBRA.
El paso de Manuel Adorni por la Cámara de Diputados dejó algo más que un informe de gestión: instaló un nuevo foco de desgaste político para el oficialismo, centrado en su patrimonio y en las sospechas que rodean su vínculo con el proyecto cripto $LIBRA. A partir de un cuestionario que superó las 2.000 preguntas, distintos bloques opositores pusieron el acento en posibles beneficios económicos, contactos con empresarios y eventuales incompatibilidades en el ejercicio del cargo.
Uno de los ejes más sensibles giró en torno al lanzamiento del token. Legisladores reclamaron precisiones sobre supuestas comunicaciones entre funcionarios y actores privados ligados al proyecto, así como también sobre posibles pagos o contraprestaciones. La respuesta oficial evitó definiciones de fondo y se apoyó en que el tema está bajo investigación judicial. Desde la Jefatura de Gabinete señalaron que buena parte de la información solicitada forma parte de la causa en trámite y advirtieron que divulgar detalles podría afectar el expediente.
En paralelo, el patrimonio del funcionario quedó bajo la lupa. Aunque el Gobierno negó la existencia de registros que respalden las acusaciones y defendió la intervención de los organismos de control, las dudas no se disiparon. La oposición también indagó sobre reuniones en ámbitos oficiales, vínculos con firmas del ecosistema cripto y el uso de la investidura pública en el marco del caso.
El informe, además, reflejó cuestionamientos sobre la estrategia comunicacional del Gobierno tras el colapso de $LIBRA, incluyendo el rol que tuvo el propio Adorni en la construcción del discurso oficial. Para los bloques opositores, el objetivo es determinar si se trató de un episodio aislado o si existen responsabilidades políticas de mayor alcance.
Más allá de las respuestas —muchas de ellas basadas en la inexistencia de registros o en causas judiciales en curso—, el intercambio dejó en claro que la transparencia patrimonial y los posibles conflictos de interés empiezan a consolidarse como un eje de confrontación en el Congreso. En ese terreno, el caso $LIBRA aparece como un punto de partida para una agenda que podría escalar en las próximas semanas.
