El Ejecutivo presentó por novena vez un recurso contra una decisión judicial favorable a las universidades, ahora contra el fallo que declaró inconstitucional el decreto que condicionaba la vigencia de la ley. El reclamo ocurre a una semana de la quinta Marcha Federal Universitaria.
El conflicto por el financiamiento de las universidades volvió a escalar en los tribunales. El Gobierno de Javier Milei apeló el fallo del juez federal Martín Cormick que ordenó aplicar de inmediato la Ley de Financiamiento Universitario, luego de que el magistrado declarara inconstitucional el decreto con el que el Ejecutivo había condicionado su entrada en vigencia.
La decisión judicial había cuestionado el Decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno supeditó la aplicación de una ley aprobada por el Congreso —incluso después de que Diputados y Senado insistieran con dos tercios— a que el Parlamento determinara de dónde saldrían los fondos. Para Cormick, ese mecanismo es “extraconstitucional” y contradice la obligación del Ejecutivo de promulgar y ejecutar una norma que fue sancionada por el Congreso.
El magistrado también recordó que el Ministerio de Capital Humano ya había incumplido una medida cautelar anterior y señaló que la propia Ley 27.795 contempla mecanismos para financiar su aplicación. Entre ellos, la posibilidad de reasignar partidas presupuestarias sin afectar la coparticipación provincial y utilizar ingresos que superen las previsiones presupuestarias.
El fallo además dimensionó el impacto fiscal de la norma. Según un cálculo de la Oficina de Presupuesto del Congreso citado por el juez, el costo de aplicar la ley representa alrededor del 0,23% del PBI. Cormick cuestionó, en ese sentido, que el Ejecutivo haya realizado otras reasignaciones presupuestarias mientras sostiene que no existen recursos para cumplir con el financiamiento universitario.
“Un antecedente peligroso”
La nueva apelación generó críticas entre las autoridades universitarias. El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, calificó de “ensañamiento incomprensible” la decisión del Gobierno y cuestionó que insista en desconocer los fallos que ordenan cumplir con la ley.
“No es bueno para el país que la ley se cumpla sólo cuando a mí me gusta. Fuimos muy respetuosos de todos los pasos, sin embargo, la norma sigue sin aplicarse”, sostuvo Bartolacci. Y advirtió: “Es un antecedente en términos institucionales realmente peligroso para el país”.
El rector también señaló que la crisis ya afecta directamente las condiciones laborales y el funcionamiento de las universidades. Según afirmó, el 70% de los trabajadores de la educación superior cobra menos de 850.000 pesos mensuales y sostuvo que las instituciones enfrentan dificultades para sostener sus actividades.
Desde CONADU, su secretaria general, Clara Chevalier, también destacó el alcance del fallo de Cormick. “Es un fallo que de primera instancia dictamina que el decreto que reglamentó y suspendió al mismo tiempo la ley de financiamiento universitario es inconstitucional”, señaló.
Chevalier aseguró que algunas universidades “ya no están pudiendo pagar el agua” ni cubrir alquileres y vinculó la situación con la discusión del Presupuesto 2027. Para el gremio, el escenario anticipa un deterioro todavía mayor del sistema universitario si el Gobierno mantiene su política de financiamiento.
Una disputa que ya lleva casi un año
La Ley 27.795 fue aprobada por el Congreso en agosto de 2025 y posteriormente vetada en su totalidad por Milei. Diputados y el Senado insistieron con la norma con los dos tercios de los votos requeridos por la Constitución y el 21 de octubre de 2025 fue promulgada, aunque de manera condicionada por el Ejecutivo.
La norma establece la actualización del presupuesto universitario por inflación, la recomposición de los salarios docentes y no docentes y la actualización de becas y fondos destinados a investigación. La Justicia ya había dictado una medida cautelar a favor de su aplicación en diciembre de 2025, posteriormente confirmada por la Cámara, mientras que en junio la Corte Suprema desestimó el recurso extraordinario presentado por el Estado en esa instancia.
Ahora, el nuevo fallo de Cormick abrió otra etapa judicial, que podría continuar hasta la Corte Suprema.
La disputa se desarrolla además a pocos días de la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para el jueves 15 de octubre. La movilización tendrá lugar en paralelo con otros reclamos contra el Gobierno nacional, entre ellos los vinculados con la Ley de Tierras y la emergencia en discapacidad.
