Adorni, el vocero presidencial, ratificó que la intención del Gobierno es detener la actualización automática trimestral de las jubilaciones, proponiendo que los incrementos futuros queden a discreción del Poder Ejecutivo.
El Gobierno nacional reafirmó su intención de eliminar la ley de movilidad jubilatoria, aprobada por el Congreso, y sustituirla por aumentos discrecionales que serían decididos mediante decretos emitidos por el Poder Ejecutivo.
La confirmación de esta medida, que no fue detallada por el ministro de Economía, Luis Caputo, al anunciar el conjunto de ajustes al inicio del gobierno de Javier Milei, fue realizada por el vocero presidencial, Manuel Adorni. Este respondió a la consulta de un periodista sobre las medidas y su impacto en los ingresos de jubilados y asalariados, indicando que no tenía información específica sobre cómo afectaría dicha situación.
Se informó que el Ministerio de Economía planea enviar un proyecto de ley al Congreso para derogar el actual régimen de movilidad jubilatoria, que actualiza trimestralmente los valores de asignaciones y planes. La ley actual otorga cuatro aumentos anuales, combinando el 50% del aumento trimestral en la recaudación de Anses y el 50% por la variación salarial en el mismo período. La propuesta sería dejar que el Poder Ejecutivo determine las actualizaciones mediante decretos discrecionales.
Durante una conferencia de prensa, el portavoz confirmó que el Gobierno busca “corregir con algún otro método” el esquema de aumentos trimestrales establecido por la ley de movilidad. Adorni reconoció que los jubilados serán afectados por las políticas recesivas anunciadas y advirtió que, si continúa el actual esquema de aumentos, “los jubilados van a perder mucho más de lo que venían perdiendo“.
Adorni no proporcionó explicaciones detalladas sobre las decisiones del nuevo gobierno, pero afirmó que la intención no es dar aumentos discrecionales, sino poner fin a un esquema jubilatorio que considera perjudicial para los jubilados.
En la misma conferencia, el portavoz calificó al sistema de jubilaciones y pensiones como “de muy bajo nivel” debido a la “herencia brutal” del gobierno anterior, describiendo el sistema jubilatorio como “muy precario y venido a menos” en los últimos años. Además, caracterizó las medidas de ajuste como “necesarias e inevitables” para evitar una hiperinflación que sería más grave que la experimentada en 1989/1990.
