La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, fue denunciada por presunta asociación ilícita, desvío de fondos y pago de sobresueldos en contrataciones sospechosas. La acusación también involucra al exsecretario Pablo De la Torre y al director de la OEI, Luis María Scasso. Según la denuncia, se simularon empleos para desviar fondos y afectar las arcas del Estado.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, fue denunciada ante la Justicia por presunta asociación ilícita, desvío de fondos y pago de sobresueldos en el marco de contrataciones sospechosas. La acusación también abarca al exsecretario Pablo De la Torre y al director de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), Luis María Scasso.
La denuncia fue presentada por la asociación civil Arco Social debido a las contrataciones presuntamente irregulares concretadas por Capital Humano a través de la OEI. Según la acusación, estas contrataciones se realizaron “para simular el empleo de alrededor de cien personas que nunca prestaron funciones, con el objetivo de desviar fondos para pagar sobresueldos y comprar dólares en el mercado ilegal, generando un gran perjuicio a las arcas del Estado Argentino”.
Los fondos destinados a estos contratos “ascendieron a $1.000 millones, con un desembolso de $645 millones autorizado por el Secretario de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Pettovello, y en enero se giraron otros $395 millones”. Esta área estaba a cargo del desplazado De la Torre.
En sus funciones ministeriales, Pettovello firmó en febrero una serie de convenios bilaterales con la OEI junto a Scasso. Arco Social sostiene que el acuerdo se firmó “con el objetivo de que el organismo internacional transfiriera fondos para supuestamente contratar personal destinado a la Secretaría de De la Torre, bajo la apariencia de necesidades administrativas y técnicas para diversos programas”.
Según la denuncia, “la participación del organismo internacional a cargo de Scasso, junto con Pettovello y De la Torre, permitió evitar los procedimientos legales para la contratación de personal, evadiendo la publicidad y transparencia de sus actos para desviar los fondos”.
Arco Social califica estos actos como un “esquema criminal” que incluiría “la falsificación de documentos públicos y la creación de reportes falsos sobre las actividades de los empleados contratados”, para encubrir la falta de trabajo de estas personas.
Después del escándalo de los alimentos retenidos, el canal C5N reveló el caso de los contratos irregulares en Capital Humano. En respuesta, el ministerio presentó una denuncia contra De la Torre en la Oficina Anticorrupción por “falta de transparencia”.
“Es evidente que Pettovello y Scasso intentan culpar a De la Torre como único responsable del plan delictivo. Sin embargo, dada la sofisticación de la maniobra y la intervención de distintos organismos, es claro que la operación no podía escapar del conocimiento de los involucrados y que era imprescindible la participación directa de los titulares de los organismos para su éxito”, señala la denuncia. Por ello, se pide a la Justicia que profundice la investigación y realice “la trazabilidad del dinero transferido por la OEI, para conocer su destino final y determinar si hubo lavado de activos para dar apariencia lícita a los fondos sustraídos del Estado Argentino”.
Finalmente, la denuncia considera “llamativo” que María Inés Brogin Alba, Subsecretaria de Gestión Administrativa, suspendiera el pago de 300 contratos realizados a través de la OEI tras la difusión del escándalo.
“No debemos olvidar que este ardid delictivo tiene un impacto devastador en la población más vulnerable de Argentina, ya que Pettovello, De la Torre y Scasso utilizaron la estructura del Ministerio de Capital Humano para sus actos de corrupción, afectando a millones de personas que dependen de esta cartera ministerial para su alimentación y subsistencia diaria”, concluye la denuncia.
