La Comisión Provincial por la Memoria pidió investigar al Congreso sobre el espionaje ilegal realizado por fuerzas de seguridad en 38 de las 65 marchas que hubo durante 2024, bajo el gobierno de Milei. La denuncia señala infiltración policial y violación de derechos en manifestaciones sociales y políticas.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), un organismo de derechos humanos encargado de monitorear las condiciones de las fuerzas de seguridad y de velar por la protección de los derechos fundamentales en la Provincia de Buenos Aires, solicitó formalmente a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia que realice una investigación exhaustiva sobre las actividades de espionaje ilegal realizadas por las fuerzas policiales durante diversas protestas en el marco del Gobierno de Javier Milei. Esta solicitud, que busca una intervención legislativa rápida, se fundamenta en las graves denuncias de espionaje político y violaciones a las normativas sobre inteligencia, registradas en al menos 38 movilizaciones que la CPM cubrió entre enero y diciembre de 2024.
Según la CPM, las fuerzas de seguridad, en particular la Policía Federal Argentina (PFA) y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, realizaron tareas de inteligencia sin los debidos permisos legales, con la finalidad de monitorear y controlar las manifestaciones populares. Las denuncias apuntan a diversas prácticas ilegales como la filmación y fotografía de manifestantes sin identificación oficial, la infiltración de policías vestidos de civil entre los participantes de las marchas y la instalación de cámaras en puntos estratégicos de las movilizaciones para seguir a los opositores al Gobierno. Según Roberto Cipriano García, secretario de la CPM, estas actividades fueron sistemáticas y extensivas, con la participación de un número elevado de agentes, lo que evidencia una estrategia de control y represión política bajo el manto de tareas de seguridad.
La CPM registró más de 1.200 personas heridas y 93 detenciones arbitrarias durante las movilizaciones que cubrió el año pasado, lo que resalta el uso abusivo de la fuerza por parte de las autoridades. Además, los testimonios documentados por la comisión incluyen prácticas como la obtención de filmaciones y fotografías de manifestantes en lugares estratégicos, la presencia de personas de civil que se mezclaban con los manifestantes, y la obtención de datos sin la autorización correspondiente, lo cual también afecta el derecho a la privacidad de los individuos involucrados. Estas acciones, claramente ilegales, no solo afectaron a manifestantes de diversas causas, sino que incluso se registraron en protestas de organismos de derechos humanos, como la que tuvo lugar el 27 de diciembre de 2024 en la exESMA, un sitio simbólico para la memoria de la dictadura.
Un aspecto clave de estas denuncias es la mencionada infiltración policial, que incluso incluyó situaciones como la del 11 de septiembre de 2024, cuando miles de personas se concentraron frente al Congreso para protestar contra el veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria. En este contexto, la CPM denunció que agentes de la Policía Federal se habían infiltrado en la manifestación y que incluso se había desinformado públicamente sobre un ataque a una niña durante la protesta, con el fin de encubrir las acciones de la policía. De acuerdo con las denuncias, estos agentes no solo grababan a los participantes, sino que también manipulaban información y difundían declaraciones erróneas para proteger sus acciones.
Otro caso emblemático señalado por la CPM fue el 9 de octubre de 2024, cuando también se produjo una represión contra los manifestantes que se oponían al veto de Milei a la ley de financiamiento universitario. En esta movilización, las denuncias incluyeron la presencia de policías vestidos de civil que se infiltraron en el grupo de manifestantes, actuando de manera violenta y, según se reportó, colaborando con un grupo de civiles que intentaron desestabilizar la manifestación.
En el informe presentado a la Comisión Bicameral de Inteligencia, la CPM solicitó que se adopten medidas para cesar estas prácticas de inteligencia ilegal y que se tomen medidas para garantizar la seguridad jurídica y el respeto por los derechos humanos de los manifestantes en el futuro. También recordó que las fuerzas de seguridad, como las policías federales y locales, tienen prohibido realizar tareas de espionaje político, un principio consagrado en la ley. Por lo tanto, las prácticas observadas durante las protestas violan derechos fundamentales, como el derecho a la libertad de expresión y a la manifestación pacífica.
En esta denuncia también se destacó la preocupación sobre la falta de rendición de cuentas y las irregularidades en los mecanismos de control y supervisión del accionar policial. La CPM insistió en que estas acciones ilegales deben ser investigadas con la mayor celeridad para evitar que se repitan en el futuro, y especialmente bajo el Gobierno de Milei, donde el monitoreo de protestas sociales parece haberse intensificado, según las denuncias.
La Comisión Provincial por la Memoria, respaldada por figuras de la talla de Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de la Paz) y Dora Barrancos, considera que es crucial que el Congreso intervenga en este asunto para poner freno a las violaciones de derechos humanos que están siendo cometidas en el marco de la represión de las movilizaciones sociales. La Comisión Bicameral de Inteligencia tiene la facultad para abrir una investigación parlamentaria, como lo hizo en otros casos de espionaje ilegal, y ahora se espera que actúe con la misma rigurosidad en este caso.
El informe de la CPM, junto con los testimonios y las pruebas documentales, presenta un panorama alarmante sobre el uso indebido de las fuerzas de seguridad para reprimir las manifestaciones sociales y el creciente autoritarismo en el manejo del control social. Con la presentación ante el Congreso, la CPM busca no solo la investigación de los hechos, sino también que se adopten medidas para garantizar el respeto a la democracia, la libertad de expresión y los derechos de quienes ejercen el derecho a la protesta. La intervención del Congreso es fundamental para asegurar que se respete el Estado de derecho y se frene el uso de la inteligencia en contra de sectores sociales y políticos que no comulgan con las políticas del gobierno actual.
