Con 137 votos, el Congreso sancionó cambios que habilitan la actividad minera en zonas antes protegidas. Hubo fuertes cruces políticos y advertencias científicas por el impacto sobre recursos hídricos.
Tras más de once horas de debate, la Cámara de Diputados convirtió en ley la reforma de la Ley de Glaciares, impulsada por el oficialismo de La Libertad Avanza. La iniciativa redefine los criterios de protección ambiental y habilita explotaciones mineras en áreas periglaciales, hasta ahora restringidas. La votación cerró con 137 apoyos, 111 rechazos y tres abstenciones, en una mayoría que incluyó al PRO, la UCR y bloques provinciales. Desde los palcos siguió la sesión Karina Milei, en una señal de respaldo político a la medida.
El nuevo esquema traslada a las provincias la evaluación de impacto ambiental, restando centralidad al IANIGLA, hasta ahora organismo técnico clave en la materia. Antes de tratar el proyecto, el recinto atravesó una serie de tensiones políticas: el oficialismo y sus aliados bloquearon intentos de la oposición para avanzar con interpelaciones, entre ellas las dirigidas al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de cuestionamientos por presunto enriquecimiento ilícito.
El debate expuso posiciones contrapuestas. Referentes oficialistas defendieron la reforma como una herramienta para atraer inversiones y dinamizar el desarrollo minero, mientras que la oposición denunció una regresión ambiental. Especialistas advirtieron que la flexibilización podría afectar reservas de agua clave para millones de personas, al comprometer zonas que alimentan cuencas hídricas. La discusión dejó planteado un escenario de conflicto entre desarrollo económico y preservación de recursos estratégicos.
