Los restos habían sido encontrados en 2025 en la zona de Loma del Torito, en Córdoba. Familiares de las víctimas participaron de una audiencia cargada de emoción y reclamaron que continúen las búsquedas hasta encontrar a todos los desaparecidos.
El Juzgado Federal N°3 de Córdoba oficializó este martes la identidad de 17 personas desaparecidas durante la última dictadura cuyos restos fueron hallados el año pasado en fosas ubicadas en Loma del Torito, en las inmediaciones del ex centro clandestino de detención La Perla. La identificación fue posible gracias al trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense y al cruce de muestras con el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La audiencia estuvo atravesada por testimonios de enorme carga emocional. Hijos, hermanos y familiares de las víctimas compartieron públicamente lo que significó el hallazgo después de casi cinco décadas de búsqueda. “Hoy puedo entender el significado del verbo encontrar”, expresó uno de ellos. Otra familiar dijo: “No estoy acá para decirle chau a mi papá. Hoy por primera vez puedo decirle hola”. También hubo quienes remarcaron que, a partir de ahora, sus seres queridos “ya no están desaparecidos”.
Entre las víctimas identificadas hay obreros, estudiantes, docentes, científicos y empleados públicos. Muchos eran militantes políticos y sociales secuestrados por el terrorismo de Estado. Uno de los casos que más conmoción generó fue el de Gustavo Daniel Torres, desaparecido cuando tenía apenas 16 años. Su hermano recordó que, al momento del secuestro, el joven alcanzó a decirles a sus captores que tenía derechos. “De algún modo, hoy Gustavo recupera algunos de los derechos que le arrebataron”, afirmó.
Los restos habían sido encontrados en 2025 en una zona vinculada al circuito represivo del Tercer Cuerpo del Ejército, que operó en Córdoba durante la dictadura. Los familiares y organismos de derechos humanos insistieron en que las tareas de búsqueda deben continuar y reclamaron mayores recursos para profundizar las investigaciones en sectores aún no explorados de La Perla, las Salinas del norte provincial y el predio del Grupo de Artillería 141.
Durante la jornada también hubo críticas al Estado nacional por el manejo de las políticas de memoria y justicia. El abogado querellante Ramiro Fresneda denunció demoras y retrocesos en las causas vinculadas a delitos de lesa humanidad y recordó que Argentina debe cumplir las obligaciones impuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A su vez, desde el juzgado remarcaron que los represores nunca revelaron el destino de los desaparecidos y destacaron el trabajo conjunto entre organismos, equipos forenses y familiares para “romper el pacto de silencio”.
La audiencia concluyó con un reclamo unánime: continuar las búsquedas “hasta encontrarlos a todos”.
