Especialistas advierten que mantener una canasta desactualizada para medir la inflación subestima los precios, perjudica ingresos atados al IPC y derivará en recalculaciones futuras del PBI y de la pobreza.
La decisión de postergar la actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC) —que sigue utilizando ponderaciones de 2004— tendrá efectos directos sobre jubilaciones, pensiones, AUH y salarios, además de distorsionar variables macroeconómicas clave. Así lo señalaron técnicos y exfuncionarios del INDEC, quienes anticipan controversias legales y estadísticas en los próximos años.
El ex director del organismo Alejandro Barrios explicó que la Encuesta de Gastos de Hogares 2017/18, ya aplicada en la Ciudad de Buenos Aires, otorga mayor peso a servicios como tarifas, transporte y prepagas. Demorar su implementación —en un contexto de quita de subsidios— reduce artificialmente la inflación medida, tal como admitió el ministro Luis Caputo al condicionar el cambio a que “se complete la desinflación”.
Según los especialistas, esta práctica forzará un recálculo futuro del PBI real: al deflactar con un índice más alto, el producto resultará menor al hoy informado. En sentido inverso, cuando se ajusten ingresos y canastas con un IPC no subestimado, la pobreza aparecerá más alta que la actual.
El impacto no es solo macro. Los ingresos indexados (jubilaciones, AUH y otras prestaciones) pierden poder adquisitivo con una inflación medida por debajo de la real. Lo mismo ocurre con paritarias negociadas contra un IPC subestimado, y con bonos ajustados por CER o UVA, que podrían derivar en disputas judiciales.
El ex diputado Claudio Lozano advirtió que “un índice de fantasía abre conflictos” y cuestionó la interferencia política en estadísticas públicas. También señaló inconsistencias recientes en indicadores de ingresos y pobreza, y salidas de técnicos clave, como señales de una tensión institucional que agrava la credibilidad del sistema estadístico.
