La central sindical resolvió rechazar de manera integral el proyecto que ingresó al Senado y lanzó una estrategia combinada: presión legislativa, acciones judiciales y movilización en todo el país. El 18 de diciembre será la primera demostración de fuerza.
El flamante Consejo Directivo de la CGT se reunió por primera vez desde su renovación y terminó definiendo una marcha a Plaza de Mayo para el 18 de diciembre, una señal directa al Gobierno luego de que el proyecto de reforma laboral ingresara al Congreso. Aunque prevaleció un rechazo unánime a la iniciativa, la conducción optó por no acompañar la protesta con un paro nacional, una decisión que surgió de la mesa chica reunida horas antes del plenario.
La discusión estuvo marcada por la ausencia del dirigente Gerardo Martínez en la última reunión del Consejo de Mayo, gesto que buscó evitar cualquier lectura de apoyo a una propuesta que el sindicalismo interpretó como un ataque de gran escala a los derechos laborales y a la estructura sindical. En poco más de dos horas, los dirigentes resolvieron oponerse a “todos los puntos” del borrador y reclamar participación en el trámite parlamentario. Para Jorge Sola, uno de los secretarios generales, el proyecto ingresó con un sesgo “ideológico” y con una coincidencia llamativa respecto de los planteos de la UIA.
El cuestionamiento central apuntó al contenido de la reforma y a su modo de presentación. La conducción afirmó que la iniciativa aparece en un país golpeado por la falta de inversión y la destrucción de empleo, y que se impulsa “a espaldas del pueblo” y sin acuerdo entre los sectores que sostienen la producción y el trabajo. El avance en servicios públicos, cambios en modalidades de contratación y recortes en derechos colectivos integraron la lista de objeciones más fuertes.
La CGT trazó además un plan de acción con tres ejes. El primero será una ronda de conversaciones con legisladores, senadores, gobernadores y gobernadoras, a quienes buscarán trasladar su argumento para frenar la ley. El segundo se concentrará en el terreno judicial, ya que parte del articulado —según señalaron— vulnera principios constitucionales vinculados a la protección del trabajo. El tercer eslabón se desplegará en las 80 regionales de la central, donde se organizarán debates y gestiones locales para multiplicar el rechazo.
La marcha del 18 funcionará como el punto de partida de esa ofensiva. En la cúpula sindical reconocen que el escenario no ofrece condiciones ideales para una confrontación abierta, pero sostienen que la magnitud del proyecto habilita una respuesta de mayor dureza. No descartan que, si la presión oficial avanza, vuelva a plantearse la posibilidad de un nuevo paro general.
