La decisión unánime de los jueces habilita al Tribunal Oral Federal 2 a iniciar los trámites para que la expresidenta y los demás condenados comiencen a cumplir la pena de seis años de prisión, lo que podría llevar a la prisión domiciliaria en su caso y su inhabilitación para cargos públicos.
La Corte Suprema de Justicia confirmó este martes de forma unánime la condena a Cristina Kirchner en la Causa Vialidad. Con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, se rechazó el recurso presentado por la defensa de la ex mandataria y dio por válida la condena del Tribunal Oral Federal 2.
En su fallo, consideraron que “el debido proceso ha sido salvaguardado” y que la sentencia contra Cristina Kirchner “se fundó en derecho”. Según los fundamentos, “las sentencias dictadas por los tribunales anteriores se asentaron en la profusa prueba producida” y concluyeron que la entonces presidenta “relegó la ventaja económica para el Estado en favor de intereses particulares”.
La decisión implica que ya no quedan instancias ordinarias de apelación para la ex presidenta, lo que convierte a esta condena en un hecho firme y marca un antes y un después en la historia judicial y política del país. Al mismo tiempo, confirmó su absolución en el cargo de asociación ilícita, al desestimar por “inadmisible” el recurso que había presentado el Ministerio Público Fiscal.
La defensa de Cristina había cuestionado la imparcialidad del tribunal, la valoración de la prueba y la motivación del fallo, pero la Corte rechazó todos esos planteos y afirmó que no hubo violaciones a las garantías constitucionales.
Ahora, tras la decisión final de la Corte Suprema, el TOF 2 de Comodoro Py, que llevó a cabo el juicio en primera instancia, comenzó a definir los pasos a seguir para que la ex presidenta y los demás condenados comiencen a cumplir la pena de seis años de prisión.
El TOF 2, integrado por los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, citará a la expresidenta y al resto de los sentenciados a presentarse en los tribunales de Comodoro Py en los próximos días hábiles. Si bien los fiscales habían solicitado la detención inmediata, los magistrados optaron por este mecanismo al considerar que no existe riesgo de fuga, ya que todos los condenados siempre estuvieron a derecho y cumplieron con las pautas fijadas por la Justicia.
Este plazo también aplicará para el resto de los condenados en la causa: el empresario Lázaro Báez (6 años), el ex secretario de Obras Públicas José López (6 años), el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti (6 años) y los ex funcionarios de Vialidad de Santa Cruz Mauricio Collareda (4 años), Juan Carlos Villafañe (5 años), Osvaldo Daruich (3 años y 6 meses), Raúl Santibañez (4 años) y Raúl Pavesi (4 años y 6 meses).
El TOF 2 ya solicitó al Ministerio de Seguridad que informe en las próximas 24 horas qué dependencias cumplen con las condiciones para alojar a los condenados. El juez sostuvo que este es un «plazo prudencial en atención a que algunos de los convocados se domicilian en distintas provincias argentinas«, y pidió que se consideren las «características particulares individuales de cada uno» de los condenados al momento de definir el lugar de cumplimiento de la pena.
Una vez que se presenten en Comodoro Py, se resolverá cómo cumplirá cada uno su condena. Si bien en principio deberían ingresar a una prisión federal, se espera que sus defensas soliciten la modalidad domiciliaria por motivos de salud o edad.
En el caso de Cristina Kirchner, de 72 años, la ley prevé la posibilidad de solicitar prisión domiciliaria a partir de los 70. Aunque esta concesión no es automática y requiere autorización judicial, se anticipa que su defensa la gestionará. Este trámite podría llevar varias semanas.
Otro factor crucial a considerar es la situación de seguridad de la expresidenta, tanto por su rol institucional como por el intento de asesinato que sufrió en 2022, en la puerta de su casa. Por ello, la definición de su lugar de detención deberá ser especialmente cuidada.
Respecto a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, el Tribunal Oral deberá notificar a la Cámara Nacional Electoral para eliminar a la expresidenta del padrón electoral, un requisito indispensable para postularse a cualquier cargo electivo.
Actualmente, en la capital, la expresidenta se instaló en un antiguo departamento ubicado en el barrio de Constitución, en la Avenida San Juan y la calle San José. Este inmueble emerge como la opción más viable para una eventual prisión domiciliaria debido a dos factores principales: su hija Florencia reside en el mismo edificio, lo que ofrecería una cercanía familiar y operativa; y su casa en El Calafate, aunque una opción posible, podría presentar una incomodidad logística por su lejanía con CABA ante cualquier requerimiento judicial.
