LA CORTE SUPREMA, PRESIONADA PARA DEFINIR EL FUTURO POLÍTICO DE CRISTINA KIRCHNER

Tras rechazar una recusación clave, la expectativa se centra en las próximas reuniones de acuerdo, que podrían definir si la condena de la expresidenta queda firme, en un contexto de intensa presión mediática y una defensa que ya evalúa instancias internacionales para una batalla judicial que lleva una década.

Tras rechazar una recusación clave, la expectativa se centra en las próximas reuniones de acuerdo, que podrían definir si la condena de la expresidenta queda firme, en un contexto de intensa presión mediática y una defensa que ya evalúa instancias internacionales para una batalla judicial que lleva una década.

Se viven días de máxima tensión en el ámbito político y judicial argentino. Tras una década de disputa en los tribunales, la Corte Suprema de Justicia estaría a punto de confirmar la condena contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad, una decisión que podría apartar a la expresidenta de las elecciones bonaerenses y cercenar el derecho al voto de una parte significativa del electorado.

Aunque el Máximo Tribunal allanó esta semana el camino para tratar la causa Vialidad al rechazar la recusación planteada por la defensa de Cristina Fernández contra el ministro Ricardo Lorenzetti, abundan las especulaciones. Si bien existen versiones que sugieren una posible disidencia que estire los tiempos, las chances de que el fallo se posponga para la segunda parte del año parecen haberse reducido drásticamente. Las declaraciones de Lorenzetti semanas atrás, donde afirmó que no había razones para dilatar el asunto más allá de las elecciones, cobran ahora un mayor sentido.

En los últimos días, el hermetismo ha sido la norma en los tribunales. Sin embargo, una voz interna se animó a recomendar a los medios prestar suma atención a las próximas reuniones de acuerdo de la Corte, que se llevan a cabo semanalmente. Es en estos encuentros donde los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Lorenzetti dictan sentencias. La recomendación, enfatizaron, debe ser tenida en cuenta a partir de la reunión del próximo martes a las 10 de la mañana.

La decisión unánime de los supremos de rechazar la recusación contra Lorenzetti fue clave. Fuentes judiciales explicaron que era «imposible apartarlo de la votación sobre su propia recusación» y que «no había causales de peso» para hacer lugar al reclamo y sortear un conjuez que votara en Vialidad. Enfatizaron que «cuando las recusaciones planteadas son manifiestamente inadmisibles, deben ser desestimadas de plano».

También perdió fuerza la posibilidad de que el fallo se demore, como ocurre frecuentemente en otros casos. La ansiedad expresada en editoriales de diarios y canales de TV, que son vistos como actos de presión públicos, a cielo abierto, apunta a que haya novedades antes del cierre de listas bonaerense y del inicio de la feria judicial, para lo que restan seis semanas y seis reuniones de acuerdo.

Cristina Kirchner es consciente del clima de agitación y presión que se generó en las últimas semanas. Frente a este escenario, la ex mandataria intensificó su actividad política, enfocándose en la construcción de una unidad del peronismo de cara al cierre de listas del 19 de julio.

Mientras tanto, sus defensores, los abogados Carlos Beraldi y Ariel Llernovoy, trabajan bajo estricto hermetismo a la espera de noticias. Le han solicitado a la Corte que anule el fallo de Casación y absuelva a la expresidenta, tras analizar el expediente completo y pedir audiencias públicas. Su estrategia busca exponer las irregularidades en la condena, desde la utilización de presuntos delitos ya descartados por la justicia santacruceña hasta la intervención de jueces y fiscales que habrían tenido vínculos con el expresidente Mauricio Macri.

Sin embargo, las posibilidades de que la Corte acceda a este pedido son prácticamente nulas. Por ello, de confirmarse la condena, los abogados de la expresidenta deberán enfocarse en mitigar los efectos de la ejecución y, a su vez, anticipan que recurrirán a instancias internacionales.

El propio Beraldi adelantó la posibilidad de un recurso de revisión, aplicable en casos excepcionales, que podría proceder si un tribunal internacional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictara una sentencia en contra de la condena, habilitando una revisión por parte de la Cámara de Casación, aunque con una conformación distinta a la que ratificó el fallo del TOF.

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