La causa apunta a una maniobra de créditos millonarios otorgados a la cerealera pese a su crítico estado financiero. Entre los alcanzados figuran Javier González Fraga, Lucas Llach y otros 16 exdirectivos.
La Justicia Federal dispuso el embargo y la inhibición de bienes de Javier González Fraga, Lucas Llach y otros 16 exdirectivos del Banco Nación, acusados de haber participado en una maniobra fraudulenta en favor del grupo Vicentín durante el gobierno de Mauricio Macri. El monto bajo investigación supera los 300 millones de dólares y forma parte de una causa iniciada hace casi seis años por presunto fraude contra la administración pública.
La decisión quedó en manos del juez federal Julián Ercolini, quien investiga el otorgamiento de créditos multimillonarios a la empresa cerealera cuando ya se encontraba en una situación financiera comprometida. Según la acusación impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita, el Banco Nación fue el principal canal a través del cual el Estado financió a Vicentín con 304.328.665,75 dólares, pese a que la firma no estaba en condiciones de asumir ni devolver esos compromisos.
De acuerdo con la investigación, González Fraga y Llach, entonces presidente y vicepresidente de la entidad, encabezaron una operatoria que permitió una espiral de préstamos irregulares, aun cuando el banco carecía de herramientas reales para su recupero. El embargo se dispuso para garantizar una eventual pena de multa y reparar el daño causado al Estado, al tiempo que el expediente señala que parte de los fondos habrían tenido un destino incierto, incluso con posibles desvíos a cuentas personales de directivos de la empresa.
Uno de los puntos más graves se concentró en el segundo semestre de 2019, cuando Vicentín ya acumulaba deudas vencidas y exigibles. En ese período, lejos de ejecutar garantías o frenar el financiamiento, el banco autorizó 125 operaciones que liberaron más de 43.400 millones de pesos, además de 28 nuevos préstamos por 105,5 millones de dólares. Para la fiscalía, los funcionarios omitieron deliberadamente que, al 7 de noviembre de ese año, la compañía arrastraba una deuda superior a 149 millones de dólares y se encontraba excedida en su capacidad crediticia desde al menos julio de 2019.
