En su defensa, la maestra Ana Contreras explicó que los contenidos de su clase se basan en los lineamientos del Ministerio de Educación de La Pampa y que la mención del conflicto en Medio Oriente surgió de una pregunta de los alumnos y que su postura fue neutral, sin emitir juicios sobre la población israelí.
En un hecho sin precedentes en Argentina, y que además sienta un precedente para la libertad de cátedra y la autonomía pedagógica, la docente Ana Contreras fue condenada penalmente en General Pico, La Pampa, por su desempeño en el aula. La sentencia, dictada el miércoles pasado en el ámbito de la Justicia Contravencional, se originó en la denuncia del padre de una alumna a raíz de comentarios realizados por Contreras a fines de 2023 sobre el conflicto entre Israel y Palestina en su clase de Cultura y Ciudadanía.
El juicio oral concluyó con una condena a «la pena de 60 días-multa» por «maltrato psíquico a una adolescente». Este cargo se sustenta en la descripción del padre sobre una supuesta mirada cruzada en un pasillo y la alegada falta de contención emocional por parte de la docente cuando la alumna lloró en clase. La gravedad del caso radica en la intromisión del sistema penal contravencional en el ámbito educativo, que cuenta con sus propios mecanismos para la resolución de conflictos pedagógicos y disciplinarios, sin necesidad de recurrir a la justicia penal.
Organizaciones de docentes y juristas han manifestado su profunda preocupación ante esta sentencia, advirtiendo que se erige como un antecedente disciplinador para la labor docente, ya vulnerable en el contexto de la «batalla cultural» impulsada por el Poder Ejecutivo nacional. Esta «batalla», según analistas, busca silenciar voces disidentes de la ideología de ultraderecha «negacionista» del gobierno, que incluye la negación de crímenes de lesa humanidad de la última dictadura, las jerarquías de género, la violencia por razones de género e incluso los crímenes de guerra cometidos por el Estado de Israel contra la población palestina, tal como lo han señalado las Naciones Unidas.
Ana Contreras, con 13 años de trayectoria en la docencia en los niveles secundario, terciario y universitario, imparte la asignatura de Cultura y Ciudadanía. Esta materia aborda temas fundamentales como la convivencia democrática, el valor de las instituciones, las transformaciones del pasado reciente y la ampliación de derechos, contenidos que se han tornado particularmente «conflictivos» en el actual clima político argentino.
La condena a Contreras se inscribe en un contexto más amplio de intentos por controlar el discurso en las aulas y deslegitimar perspectivas críticas. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde 2018 existe una línea telefónica para denunciar «adoctrinamiento», una categoría ambigua utilizada para obstaculizar acciones de memoria en torno al 24 de marzo o debilitar la Educación Sexual Integral (ESI). A nivel nacional, en los últimos meses, el desmantelamiento del INADI y del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad han sido interpretados como señales claras de la imposición de esta «batalla cultural», que se manifiesta en los discursos presidenciales y de sus funcionarios.
En su defensa, Ana Contreras explicó que los contenidos de su clase se basan en los lineamientos del Ministerio de Educación de La Pampa. Respecto a la mención del conflicto en Medio Oriente, afirmó que surgió de una pregunta de los alumnos y que su postura fue neutral, limitándose a señalar la antigüedad del conflicto y describir a Benjamin Netanyahu como un presidente de derecha, sin emitir juicios sobre la población israelí. «De ninguna manera podría haber dicho que todos los judíos son genocidas. Mi posición fue de neutralidad, de referirme a la ONU y de proponer seguir investigando. Yo no digo lo que pienso en el aula porque no es mi tarea. Mi tarea es invitar a alumnos y alumnas a encontrar sus conclusiones«, enfatizó Contreras.
En el caso de Contreras, el padre de la adolescente denunciante optó por acudir directamente a la comisaría en lugar de buscar una resolución a través de los canales institucionales de la escuela. En su denuncia policial, detalló que, tras la proyección de «videos sobre feminismo y política», la profesora se dirigió a su hija preguntando sobre el conflicto entre Israel y Palestina, para luego supuestamente afirmar que «Netanyahu es de derecha y tiene ideas retorcidas» y que «todos los israelíes son genocidas». Sin embargo, Contreras negó categóricamente haber realizado tales afirmaciones.
La docente explicó que la discusión en clase surgió en el marco de la conmemoración de los 40 años de democracia, donde se abordó el Terrorismo de Estado y se debatió la pertinencia del término «genocidio» en ese contexto. Fue otra alumna quien introdujo el tema del conflicto en Medio Oriente a partir de un video de TikTok. Esta alumna no testificó en el juicio contravencional, y los testimonios de otras alumnas en Cámara Gesell presentaron contradicciones sobre este punto.
El juez Maximiliano Boga Doyhenard basó su condena en el testimonio de la adolescente y dos de sus amigas en Cámara Gesell, así como en el testimonio del padre, desestimando las pruebas presentadas por la defensa por no haber presenciado los hechos en el aula. El «maltrato psicológico» se circunscribió a la escena inicial en el aula y a supuestas miradas en los pasillos, a pesar de que, tras el incidente, Contreras tomó licencia y la alumna fue exceptuada de asistir a sus clases, limitando significativamente el contacto entre ambas. Además de la multa, Contreras deberá realizar un curso de «reeducación» en convivencia escolar en la Universidad de La Pampa, donde también ejerce la docencia.
El Sindicato de Trabajadores de la Educación Pampeana (SiTEP) expresó su enérgico repudio a la condena, calificándola de «exagerada e injusta» y advirtiendo sobre el temor que genera en el colectivo docente. El secretario general del SiTEP, Cristian Rosso, señaló que la multa impuesta a Contreras implica la pérdida de su salario, sumado a los gastos de defensa, generando una «violencia económica» en el marco de su labor curricular.
Además, en un documento, la Coordinación Nacional Docente de Sindicatos, Federación Nacional Docente, seccionales y agrupaciones expresaron su solidaridad y pidieron la absolución de la docente. Se trata de sindicatos de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Río Negro, Chaco, Santa Cruz, Jujuy, Formosa, Córdoba, Entre Ríos, Neuquén, La Rioja, La Pampa, Catamarca, Misiones, San Juan y Tierra del Fuego. “Rechazamos este avasallamiento de la libertad de expresión y de cátedra, como los posicionamientos de adoctrinamiento que pretenden imponer un pensamiento único”, expresaron en el documento. “La construcción social del conocimiento implica miradas múltiples y formar con sentido crítico. Su judicialización y penalización genera temor, alarma y rechazo en la docencia y la comunidad educativa, porque actúa como disciplinador de qué y cómo enseñar, en un precedente gravísimo. De ningún modo un comentario en una situación de formación puede derivar en un proceso judicial y una multa millonaria”.
“Cualquier observación sobre un proyecto áulico está contemplada en los protocolos de intervención del Ministerio de Educación, pero la denuncia se tramitó en la Justicia, vulnerando el proyecto institucional de la escuela que marca los contenidos y orientaciones pedagógicas, avasallando así la libertad de cátedra y expresión el proyecto escolar y la educación misma, cosa que la Justicia debería rechazar, no juzgar ni condenar”, finalizaron.
