Tras una presentación de ATE, un juzgado federal ordenó dejar en suspenso la resolución que habilitaba el recorte de servicios del organismo. La cautelar impide avanzar con las medidas hasta que haya una sentencia definitiva y alcanza tareas clave de control y certificación que afectan tanto a industrias como a consumidores.
Un fallo judicial puso un freno al plan del Gobierno nacional para reducir las funciones del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). El Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N.º 2 de San Martín hizo lugar a una medida cautelar presentada por el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, y ordenó suspender los efectos de la Resolución 213/2025, que disponía el cese de distintas prestaciones del organismo.
La decisión, firmada por el juez Elpidio Tezanos Pinto, no resuelve la cuestión de fondo, pero obliga al Ejecutivo a abstenerse de ejecutar la norma hasta que exista un pronunciamiento definitivo. El magistrado consideró que la continuidad de las medidas podía generar consecuencias irreversibles. «¡Una vez más le ganamos a la motosierra!», celebró Aguiar, quien destacó que el fallo no beneficia únicamente a los trabajadores del instituto, sino también a miles de pequeñas y medianas empresas que dependen de sus servicios.
La resolución cuestionada avanzaba sobre tareas de metrología legal, es decir, los controles que permiten verificar que los instrumentos de medición funcionen correctamente. Entre los servicios afectados estaban la aprobación y fiscalización de surtidores de combustible, balanzas comerciales, medidores domiciliarios de electricidad y agua, radares de tránsito y termómetros clínicos. Con el retiro del INTI de esas funciones, el Gobierno abría la puerta a que laboratorios privados asumieran esas prestaciones.
La disputa excede el funcionamiento interno del organismo: sus controles ofrecen garantías sobre la cantidad y calidad de bienes y servicios que se utilizan cotidianamente. Desde ATE y los trabajadores del INTI advierten que el traspaso de esas responsabilidades al sector privado debilita los mecanismos de fiscalización independiente y deja a consumidores e industrias más expuestos. Por ahora, la cautelar impide que el Gobierno avance con ese esquema mientras continúa el proceso judicial.
