La iniciativa modifica las condiciones para las internaciones involuntarias, incorpora la ludopatía al abordaje de las adicciones y establece nuevos mecanismos de intervención médica y judicial. El financiamiento del sistema fue uno de los principales puntos de conflicto.
La reforma de la Ley de Salud Mental impulsada por el gobierno de Javier Milei consiguió media sanción en el Senado y pasó a la Cámara de Diputados. El texto fue aprobado en general por 42 votos afirmativos y 21 negativos, luego de una negociación del oficialismo con bloques aliados y representantes de distintas provincias para introducir modificaciones y reunir los apoyos necesarios.
El cambio más controvertido modifica los criterios para disponer internaciones involuntarias. La nueva redacción las habilita cuando exista un riesgo grave de daño para la vida o la integridad física del paciente o de terceros, siempre que no haya alternativas terapéuticas posibles. La decisión podrá quedar en manos de un médico, preferentemente psiquiatra, y en situaciones de emergencia bastará inicialmente con un profesional, aunque un equipo interdisciplinario deberá revisar la medida dentro de las 48 horas. También se prevé recurrir a teleconsultas con especialistas.
La iniciativa establece una mayor intervención judicial en el seguimiento de las internaciones y exige que desde el diagnóstico exista un plan de egreso que contemple la salida de la institución y la continuidad de los cuidados. Además, incorpora la ludopatía dentro de las problemáticas vinculadas a las adicciones y fija disposiciones específicas para la atención de niños y adolescentes, que deberán contar con equipos especializados y permanecer separados de los adultos durante las internaciones, salvo excepciones justificadas. El proyecto mantiene la prohibición de crear nuevos manicomios y contempla dispositivos alternativos, como tratamientos ambulatorios, atención domiciliaria y hospitales de día.
El financiamiento fue uno de los principales focos de discusión. Legisladores de distintas provincias advirtieron que la reforma asigna nuevas responsabilidades a las jurisdicciones sin asegurar inicialmente los recursos para cumplirlas. Gerardo Zamora y Guillermo Andrada cuestionaron ese aspecto y señalaron que las dificultades del sistema actual también responden a la falta de presupuesto para sostener la atención comunitaria. El oficialismo defendió los cambios como herramientas para intervenir ante situaciones de riesgo grave y sostuvo que la legislación vigente no ofrece respuestas suficientes para determinados cuadros clínicos. La aprobación en Diputados será ahora el próximo paso para definir si la reforma se convierte en ley.
