Las dos CTA, organismos de Derechos Humanos, movimientos sociales, partidos de izquierda y excombatientes de Malvinas se movilizarán este martes a Tribunales. Reclaman contra la derogación de la Ley 26.737 y plantean una ofensiva en la Justicia y el Congreso.
La Plaza Lavalle volverá a ser escenario de una movilización contra una de las decisiones recientes de la Corte Suprema que más rechazo generó entre organizaciones sindicales, sociales y políticas. Este martes 6, las dos CTA, excombatientes de Malvinas, organismos de Derechos Humanos, movimientos sociales y partidos de izquierda se concentrarán frente al Palacio de Tribunales para repudiar el fallo que habilitó la derogación de la Ley de Tierras.
La sentencia de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti revocó una decisión de la Cámara Federal de La Plata que había cuestionado la eliminación de la normativa. El máximo tribunal sostuvo que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata no tenía legitimación para impulsar una acción colectiva y consideró que la defensa de la soberanía territorial corresponde al Estado.
El fallo volvió a poner en el centro de la discusión el artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley 26.737. La norma, sancionada en 2011, establecía un límite del 15% para la propiedad extranjera de tierras rurales, restricciones por nacionalidad, un máximo de 1000 hectáreas en la zona núcleo y prohibiciones vinculadas con determinados cuerpos de agua y zonas de frontera.
Desde el CECIM La Plata, su secretario de Derechos Humanos, Ernesto Alonso, cuestionó duramente la decisión de la Corte y advirtió sobre lo que considera un avance hacia la concentración de tierras y recursos estratégicos en manos de capitales extranjeros. Las CTA Autónoma y de los Trabajadores, encabezadas por Hugo Godoy y Hugo Yasky, también rechazaron el fallo y convocaron a participar de la movilización.
La protesta será apenas una de las vías elegidas por las organizaciones que rechazan la derogación. En paralelo, distintos sectores impulsan acciones judiciales y preparan una ofensiva parlamentaria para intentar frenar el DNU 70/2023.
En ese marco, los diputados Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot presentaron una medida cautelar para suspender el artículo 154 y preservar el Registro Nacional de Tierras. El objetivo es evitar que las operaciones realizadas durante la vigencia de la derogación puedan generar derechos adquiridos difíciles de revertir.
La estrategia genera, sin embargo, diferencias dentro de la oposición. Desde la izquierda, Gabriel Solano reclamó directamente la derogación completa del DNU 70/2023 y cuestionó cualquier salida que permita conservar parte de sus disposiciones, entre ellas las vinculadas con alquileres, prepagas y tasas financieras.
La discusión también llegará al Congreso. La oposición prepara una sesión especial para el jueves 15 con el objetivo de avanzar contra el DNU, aunque todavía necesita sumar siete bancas para alcanzar el quórum. El escenario parlamentario se convirtió así en otro de los frentes abiertos después del fallo de la Corte.
Con la marcha de este martes, el rechazo a la derogación de la Ley de Tierras buscará ganar volumen en las calles mientras se define una disputa que ya se trasladó de los tribunales al Congreso. Para las organizaciones convocantes, el eje de la discusión es qué límites debe tener la propiedad extranjera sobre el territorio y los recursos estratégicos del país.
