Relatores especiales de las Naciones Unidas expresaron su «grave preocupación» al gobierno argentino por las «medidas e intervenciones discriminatorias» implementadas en la Ciudad de Buenos Aires contra las personas en situación de calle y quienes forman parte de la economía informal.
Balakrishnan Rajagopal, relator sobre una Vivienda Adecuada, y Olivier De Schutter, relator especial sobre la Pobreza Extrema, señalaron que las acciones adoptadas por el gobierno de la Ciudad «sugieren un patrón de criminalización» de estas poblaciones.
En lugar de ofrecer soluciones a los «problemas socioeconómicos sistémicos», como el acceso a vivienda digna, asistencia social, programas de empleo o vías de formalización para vendedores, se opta por un enfoque que los penaliza. El pedido formal de comunicación ante la ONU, que dio origen a esta alerta, fue presentado por el Ministerio Público de la Defensa (MPD) de la Ciudad en 2024.
Los informes presentados a Rajagopal y De Schutter revelan un alarmante aumento en el número de personas en situación de calle en CABA: un 122% desde 2017, y un 55% solo entre 2022 y 2024. A pesar de este crecimiento, la respuesta de la administración porteña desde principios de 2024 fue el lanzamiento del «Operativo Especial Orden y Limpieza».
Este operativo fue ampliamente criticado por sus consecuencias: desalojos forzosos, confiscación y destrucción de pertenencias personales (incluidos documentos), y el uso de la fuerza. Los datos son contundentes: se registró un aumento del 2.137% en el labrado de contravenciones contra estas personas y un 500% más de hechos de violencia institucional. De hecho, muchas de las detenciones realizadas bajo este esquema fueron anuladas por el Poder Judicial por considerarlas arbitrarias y basadas en prejuicios.
El enfoque de «Orden y Limpieza» ha sido descrito como una estrategia que «ubica a las personas como parte del problema de higiene urbana», despersonalizándolas y fortaleciendo la estigmatización. El MPD CABA reportó un aumento del 128% en las denuncias de violencia institucional ejercida contra personas en situación de calle entre el primer semestre de 2023 y el mismo período de 2024. El 34% de las personas detenidas en 2024 bajo este marco reportaron haber sufrido violencia institucional.
Simultáneamente a la comunicación de la ONU, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires (MPD CABA) publicaron el documento «Personas en Situación de Calle en la Ciudad de Buenos Aires». Este informe busca aportar datos, análisis y propuestas para abordar la creciente problemática.
El documento resalta el ya mencionado aumento de personas en situación de calle y subraya la «falta de políticas integrales» para abordar la situación, combinada con un «fuerte punitivismo por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires».
Según el informe, la estrategia de la actual gestión del GCBA ha tenido un doble abordaje: por un lado, una política «punitiva y estigmatizante» bajo el paradigma de «Orden y limpieza», y por el otro, un aumento presupuestario (del 40,11% en términos reales para 2025) destinado a dispositivos de alojamiento transitorio. Sin embargo, estas últimas medidas se siguen orientando a respuestas de emergencia y transitorias, sin resolver los problemas estructurales subyacentes.
La problemática de las personas en situación de calle, insisten los organismos, exige enfoques no punitivos y la implementación de soluciones habitacionales definitivas, en consonancia con la normativa nacional e internacional. El informe elaborado por CELS, ACIJ y MPD CABA presenta una serie de líneas de acción que incluyen tanto medidas paliativas como programas potencialmente transformadores, instando a la profundización del diálogo y los consensos entre los distintos actores involucrados.
