La iniciativa oficial tendría un impacto fiscal del 1,278% del PBI en 2026, equivalente a seis leyes de financiamiento universitario, y recortaría recursos clave del sistema previsional y la ANSES.
El proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei tendría un costo fiscal significativo, pese a que el Ejecutivo sostiene que no afecta el equilibrio de las cuentas públicas. Según un informe técnico de la Aefip, la combinación de reducción de contribuciones patronales, creación de un fondo de cese laboral y rebajas impositivas implicará una fuerte pérdida de ingresos para el Estado nacional y las provincias.
Uno de los puntos más sensibles es la baja de las contribuciones patronales, principal fuente de financiamiento del sistema previsional. La medida reduciría recursos destinados al pago de jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y al PAMI, con una merma estimada en 4,65 billones de pesos, equivalente al 0,462% del PBI solo por este concepto.
A esto se suma la creación del Fondo de Asistencia Laboral, que se financiaría con recursos que hoy ingresan a la Seguridad Social. Aunque el esquema resulta neutro para los empleadores, representa otra pérdida previsional del mismo orden, replicando el impacto fiscal de la rebaja de aportes y reeditando un sistema de capitalización individual similar al de las AFJP.
El proyecto también incorpora rebajas impositivas ajenas al mundo laboral, como la reducción del impuesto a las Ganancias para sociedades y la eliminación del impuesto cedular sobre rentas financieras. En conjunto, la reforma consolida un ajuste estructural sobre los recursos públicos, con impacto directo en jubilados y trabajadores, mientras el Gobierno mantiene el veto a políticas de financiamiento social.
