Asesores legales de Unión por la Patria, con el aval de Sergio Massa, propondrán un proyecto de ley para sancionar los discursos negacionistas en Argentina.
Tomando como referencia legislaciones de países europeos -como Alemania, Bélgica e Israel, entre otros-, la coalición de Unión por la Patria avanza con el armado de una propuesta para enfrentar a las distintas expresiones del negacionismo en nuestro país. La iniciativa ocurre luego de que Martín Krause, el dirigente que Javier Milei apuntó como Secretario de Educación, declare que “si la Gestapo hubiera sido argentina”, habría matado a “muchos menos judíos”, por la presunta ineficiencia nacional.
En ese sentido, el abogado Gregorio Dalbon, asesor vinculado al oficialismo, aseguró que se está “trabajando con los abogados del equipo de Sergio Massa una ley contra el negacionismo. Se habló de la Gestapo de una forma intolerable. Una de las primaras leyes que mandará el Presidente Sergio Massa al Congreso será contra el negacionismo. La Argentina es un país que ha demostrado una real vocación por la defensa de los Derechos Humanos”.
Además de la iniciativa del oficialismo, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) repudió los dichos del dirigente de La Libertad Avanza, expresando su “condena” a la “banalización del Holocausto por parte de Martín Krause, asesor en Educación de Javier Milei, y alerta sobre el uso indebido de la Shoá en el debate público”.
¿Qué es ser negacionista en Argentina?
El negacionismo del terrorismo de Estado en Argentina consiste en el acto de negar los crímenes que se perpetraron en la dictadura cívico-militar que tuvo lugar en el país entre marzo de 1976 y diciembre de 1983. El negacionismo alcanza la negación de la existencia de desaparecidos, justificar sus secuestros y asesinatos, concebir que existió una guerra simétrica o relativizar la cifra de 30.000, consensuada por una serie de actores desde la recuperación de la democracia.
En ese sentido, se habla de negacionismo para señalar los puntos de vista que antagonizan con los acuerdos alcanzados por la sociedad argentina desde 1983, con el regreso del modelo democrático, de considerar que los actos planificados y ejecutados por la dictadura cívico-militar constituyen crímenes de lesa humanidad, son imprescriptibles, deben ser juzgados y no pueden repetirse.
Entre ellos, se contemplan los delitos organizados por la Junta Militar, que incluyen: amenaza, extorsión, secuestro, tortura, privación ilegítima de la libertad, abuso sexual, apropiación de bebés, asesinato y secuestro de los cuerpos.
¿Qué leyes existen contra el negacionismo?
Existen tres proyectos que fueron presentados en la Cámara de Diputados para su tratamiento. Todos son de autoría de legisladores de Unión por la Patria: Eduardo Fernández, Estela Fernández y Carolina Moisés, que propusieron diferentes modalidades sancionatorias contra expresiones negacionistas divulgadas en medios de comunicación, con agravantes en caso de que sean realizadas por funcionarios públicos. Todas las propuestas -que en su paradigma se complementan- deben ser tratadas en la comisión de Legislación Penal, en manos de la oposición.
El primer proyecto fue ingresado en marzo del 2022 por la diputada nacional chubutense Estela Hernández, que propone condenar con prisión de dos meses a dos años a quienes incurran en el negacionismo de los delitos de genocidio y de crímenes de lesa humanidad, que sería incorporado como delito en el Código Penal.
En septiembre del 2022 el diputado cordobés Eduardo Fernández presentó una propuesta que tiene como objeto sancionar toda conducta pública de negación, apología o reivindicación respecto a genocidio y crímenes de lesa humanidad. En este caso, la pena mínima sería de tres meses de prisión y la “destitución definitiva de su cargo e inhabilitación especial para ocupar cargos públicos por el término de diez años” en caso de funcionarios públicos.
El último proyecto fue realizado por la diputada nacional jujeña Carolina Moisés, que planteó sanciones contra “el negacionismo y la apología respecto a genocidios y crímenes de lesa humanidad”. Además, prevé “inhabilitación especial para ocupar cargos públicos por el doble de tiempo de la condena” y la obligatoriedad de una formación en derechos humanos para habilitar a que un funcionario sancionado ocupe nuevamente un puesto.
FUENTE: Ámbito Financiero.
