El ministro de Salud aseguró que un sumario determinó que Norma Lezana no cumplió tareas asistenciales durante 2025. La secretaria general de APyT negó haber sido despedida y advirtió que, por su cargo gremial, su tutela sindical solo puede ser levantada por la Justicia.
El ministro de Salud, Mario Lugones, anunció públicamente la “desvinculación” de Norma Lezana, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan. Sin embargo, hasta última hora del lunes la dirigente no había recibido ninguna notificación formal y sostuvo que no puede ser despedida sin una intervención judicial previa, debido a los fueros sindicales que posee por el cargo para el que fue electa.
El anuncio fue realizado por Lugones en sus redes sociales y también difundido desde la cuenta oficial del Hospital Garrahan. “Afuera por no trabajar”, escribió el ministro, quien aseguró que un sumario determinó que durante 2025 Lezana no atendió pacientes ni cumplió las funciones correspondientes a su puesto de nutricionista.
“Ante los trascendidos que circulan, aclaramos que no he sido notificada de dicha cesantía, no estoy despedida, porque no fui notificada”, respondió Lezana en diálogo con Tiempo. La dirigente remarcó que es la secretaria general electa y en funciones de APyT y que, por lo tanto, cuenta con tutela sindical.
Según explicó, sus fueros solo pueden ser levantados por la Justicia. “Lo que está ocurriendo demuestra el ensañamiento hacia el sindicato y hacia mí, en el rol que represento como profesional en este cargo”, sostuvo.
La acusación de Lugones
El ministro afirmó que el sumario iniciado contra Lezana concluyó que durante 2025 no atendió pacientes ni desarrolló las tareas por las que percibía un salario.
“La actividad sindical no es un privilegio ni puede utilizarse como excusa para no trabajar”, escribió Lugones. Y agregó que, durante la gestión de Javier Milei, se terminó “la impunidad de quienes pretendían vivir del Estado sin trabajar”.
En paralelo, el Hospital Garrahan difundió un comunicado en el que señaló que “no se pudo acreditar” que Lezana hubiera atendido pacientes durante el año pasado. El texto indicó que durante el sumario fueron consultados trabajadores del hospital y que las actuaciones sí registraron su participación en actividades gremiales.
La utilización de la cuenta institucional del hospital para comunicar la medida fue cuestionada por los trabajadores. La Junta Interna de ATE Garrahan sostuvo que el Gobierno está utilizando los canales oficiales del principal hospital pediátrico del país para “los intereses” de la administración de Milei.
La respuesta de Lezana
Lezana vinculó el anuncio con las denuncias que viene realizando sobre el manejo de los recursos del hospital. Según sostuvo, quienes impulsaron los sumarios contra dirigentes gremiales y el propio interventor del Garrahan, Mariano Pirozzo, fueron denunciados ante la Justicia Federal de Comodoro Py por presunto abuso de poder e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La dirigente está citada a declarar el próximo 10 de septiembre en esa causa.
“Interpretamos que intentan desviar el eje sobre la denuncia que estamos haciendo por el manejo de los fondos públicos del hospital”, afirmó. En ese sentido, cuestionó compras directas y la colocación de fondos del hospital en bonos de deuda y fondos de inversión, mientras —según denunció— existen dificultades para garantizar prótesis y medicamentos de alto costo a pacientes.
Los gremios convocaron para este miércoles a una conferencia de prensa frente al Garrahan y para el jueves a una asamblea abierta para definir los próximos pasos.
Los gremios hablaron de persecución
Desde la Junta Interna de ATE calificaron el anuncio como “persecutorio” y cuestionaron que se anuncien sanciones antes de que los trabajadores sean formalmente notificados.
Los trabajadores recordaron un episodio ocurrido en febrero, cuando el entonces vocero presidencial Manuel Adorni había anunciado despidos y suspensiones de trabajadores del hospital antes de que fueran comunicados formalmente a los afectados. Según ATE, aquellas sanciones tampoco pudieron concretarse.
Para el gremio, el caso Lezana representa un nuevo ataque contra quienes encabezaron la lucha gremial del Garrahan durante 2025. En particular, destacaron que las medidas de fuerza y movilizaciones de aquel año terminaron con un aumento salarial del 61%, que calificaron como “histórico”.
También se pronunciaron familias de pacientes del hospital. El colectivo Familias Unidas por el Garrahan expresó su respaldo a Lezana y rechazó lo que consideró una campaña de desprestigio.
“Las familias queremos respuestas”, señalaron, y reclamaron explicaciones sobre el manejo de los fondos del hospital.
Un antecedente judicial
El caso tiene un antecedente reciente. En junio, la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenó la reinstalación precautoria de Carlos Maximiliano Lalli, un trabajador contratado del Museo de las Islas Malvinas que había sido elegido delegado gremial de ATE.
La Cámara consideró que su cesantía había sido dispuesta sin el procedimiento previo de exclusión de tutela sindical establecido por la Ley 23.551. Según el tribunal, esa circunstancia generaba además una presunción de discriminación antisindical.
El antecedente podría resultar relevante para el caso de Lezana, cuya situación todavía no pasó por esa instancia: el Gobierno anunció su desvinculación, pero la dirigente asegura que no fue notificada y que su tutela sindical continúa vigente.
