Mediante esta legislación, diseñada para eludir un ajuste en las finanzas públicas, el gobierno busca generar ingresos equivalentes a 6.000 millones de dólares hasta el año 2025.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, promulgó una ley que por primera vez le cobrará impuestos a las inversiones de los llamados fondos exclusivos de inversión, también conocidos como “superricos”, y las empresas offshore. Se trata de una ley considerada esencial por el equipo económico del gobierno, que pretende recaudar el equivalente a 6.000 millones de dólares hasta 2025.
La sanción de la ley fue publicada en el Diario Oficial de la Unión y fue producto de una ardua negociación en el Congreso, donde la centroderecha bajó las expectativas de recaudación pero permitió una inédita tributación impositiva que para el ministro de Economía, Fernando Haddad, permite evitar un ajuste en las cuentas públicas.
El texto cambia una serie de leyes, entre ellas el Código Civil, para poder tributar o aumentar las tasas que se cobran sobre fondos exclusivos, como son conocidos los fondos de inversión personalizados para personas de altos ingresos, y sobre las aplicaciones financieras en offshores. Antes la tributación solo se producía cuando el beneficio obtenido de inversiones en el exterior se transfería a personas físicas en Brasil, pero no si se mantenían fuera del país.
Los contribuyentes individuales tendrán que declarar por separado los ingresos del capital invertido en el extranjero, ya sean inversiones financieras, ganancias o dividendos de entidades controladas. Como en el caso de las sociedades offshore, el rescate puede posponerse con la intención de demorar el pago de impuestos.
El gobierno sostiene que la propuesta aprobada, además de aumentar los ingresos en 20 mil millones de reales (4.000 millones de dólares) en 2024, según la proyección difundida por el ministerio de Hacienda, busca lograr una mayor justicia tributaria debido a los diferentes vacíos previstos en la propia legislación de acuerdo con el diario Folha de São Paulo.
En el proyecto aprobado, la tributación de los fondos de los superricos será dos veces al año, en mayo y noviembre, como ocurre con otros fondos. De acuerdo con los cálculos hechos por el Congreso, existen 2.500 brasileños con recursos en los fondos exclusivos, que requieren como mínimo una inversión de dos millones para ingresar.
El Congreso y el gobierno acordaron que los que declaren sus ingresos en fondos de inversión exclusivos (que figuran en nombre de una sola persona física) hasta el 31 de diciembre tendrán una tasa del 8 por ciento y no del 15 por ciento. En la norma actual, el impuesto a la renta se cobra a los fondos de inversión de personas de altos ingresos cuando se rescata el monto invertido.
Además, la propuesta limitaba al 30 por ciento el porcentaje de participación de los familiares hasta segundo grado en un fondo de inversión. Según el ministro Haddad, el cobro de impuestos a los superricos compensará la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias prometida por el presidente Lula.
La propuesta recibió la aprobación de la Cámara en noviembre y fue aprobada el mes pasado por el Senado. La legislación era una de las prioridades del gobierno de Lula que, desde la campaña electoral, prometió incluir “a los pobres en el presupuesto y a los ricos en los impuestos sobre la renta”. A pesar de la resistencia en el Congreso, la ley afecta a menos de 100 mil brasileños según datos del ministerio de Hacienda difundidos por el diario Correio Braziliense.
Impuesto a las apuestas deportivas
En paralelo con esta medida redistributiva, el Senado de Brasil aprobó un decreto para regular el mercado de apuestas deportivas que establece un impuesto del 12 por ciento sobre las ganancias de las empresas del sector y que ahora volverá a la Cámara de Diputados antes de su sanción.
La modificación del proyecto original, con 37 votos a favor y 27 en contra, excluyó de la normativa las apuestas virtuales, como los casinos y otros tipos de juegos de azar en Internet, y fijó los impuestos solo para las empresas “bets” que las realizan con actividades deportivas reales. En Brasil no son permitidos los casinos ni los juegos de azar reales, por lo que la legislación se limita a las apuestas deportivas.
La propuesta reduce la tasa que estaba vigente, hasta su aprobación por parte del Legislativo, de un 18 por ciento sobre la facturación y con la que se tenía una expectativa de recaudar al menos dos mil millones de reales (400 millones de dólares) este año. También se tributarán los premios recibidos por el apostante con un 15 por ciento en concepto de impuesto sobre la renta.
En julio, el Ejecutivo también envió al Parlamento un proyecto de ley complementario con mecanismos para fiscalizar la actividad, que se estima que mueve alrededor de 100 mil millones de reales (unos 20 mil millones de dólares) al año en Brasil, según datos del sector. Lo recaudado, según el gobierno de Lula da Silva, se destinará a las áreas de “seguridad pública y educación básica”, mientras que otra parte irá a “clubes deportivos y acciones sociales”.
