Sin publicarlo en el Boletín Oficial y sin dar aviso a los consumidores, el gobierno instruyó a EDENOR y EDESUR a aumentar retroactivamente desde el 1 de febrero pasado.
El gobierno nacional ha decidido anticipar el aumento de las tarifas eléctricas, sin embargo, esta resolución no ha sido publicada en el Boletín Oficial ni ha sido comunicada a las asociaciones de consumidores ni a los propios usuarios. Las empresas distribuidoras tampoco han informado a sus usuarios sobre la decisión oficial de aplicar retroactivamente el aumento.
Según lo establecido y comunicado por el Ente Nacional de Regulación de la Energía (ENRE), el aumento de las tarifas eléctricas comenzaría el 16 de febrero para los usuarios de nivel medio alto, comercios e industrias.
A pesar de que esta información se publicó en el Boletín Oficial el 16 de febrero, según informó el diario La Nación, el ENRE emitió una comunicación el 11 de marzo dirigida a las distribuidoras EDESUR y EDENOR, instruyéndolas a facturar a sus usuarios el aumento de manera retroactiva desde el primer día de ese mes.
El incremento previsto alcanzaba hasta un 150% para los usuarios de mayores ingresos (N1) y un 70% para aquellos de ingresos medios y bajos (N2 y N3), quienes quedarían exentos de aumentos en el componente de generación y solo experimentarían ajustes en el tramo relativo a la distribución.
Sin embargo, según la normativa, este aumento debía aplicarse a partir del 16 de febrero y, al ser un servicio público, no puede ser facturado retroactivamente. A pesar de ello, el gobierno argumenta que al tratarse de un aumento en el componente de generación eléctrica, que no es un servicio público sino un costo fijo, el ENRE está autorizado a realizar este cobro retroactivo. No obstante, este cambio debió ser comunicado a los usuarios y consumidores.
Además, otras empresas distribuidoras de energía eléctrica del interior del país no fueron notificadas sobre el cambio de fecha en la aplicación del aumento en la generación eléctrica, por lo que no han trasladado este costo a las facturas de sus usuarios, lo que podría generar conflictos entre distribuidoras, Estado y generadoras para determinar quién asume este diferencial.
