El operativo policial más sangriento en la historia de Río de Janeiro dejó al menos 132 muertos, incluidos cuatro agentes. El gobierno local, alineado con la ultraderecha, solo reconoce 121 fallecidos y celebra la represión como un “éxito”. Vecinos denunciaron ejecuciones y trasladaron decenas de cuerpos a una plaza en Penha.
La operación lanzada por el gobierno del bolsonarista Claudio Castro contra el grupo Comando Vermelho derivó en una matanza sin precedentes. Según la Defensoría Pública de Río, la cifra de víctimas ascendió a 132 personas, mientras que el gobierno del estado apenas reconoció 121. Testimonios de vecinos relataron escenas de terror: más de 70 cuerpos fueron hallados por familiares y depositados en la Praça São Lucas, en la favela de Penha, donde los pobladores acusaron a la policía de “asesinos”.
La Defensoría Pública, que acompaña las tareas de identificación en los institutos forenses, calificó los hechos como una “violencia estatal nunca vista” y anunció que reunirá pruebas y testimonios para exigir una respuesta institucional. El operativo, realizado con 2.500 agentes y decenas de vehículos blindados, dejó además 81 detenidos, 93 fusiles incautados y media tonelada de drogas, según el parte oficial.
El gobernador Castro, férreo aliado de Jair Bolsonaro, calificó la ofensiva como “un éxito” y sostuvo que “las únicas víctimas fueron policías”, pese a la evidencia de ejecuciones y desapariciones denunciadas por los vecinos. La masacre, ocurrida en los complejos de Penha y Alemão, reaviva las denuncias de organismos de derechos humanos sobre el uso sistemático de la fuerza letal en las favelas cariocas y el respaldo político que mantiene la represión bajo las gestiones bolsonaristas.
