A punto de terminar su mandato, Andrés Manuel López Obrador impulsa una reforma judicial que busca la elección popular de jueces y magistrados, enfrentando la resistencia de sectores conservadores y la injerencia internacional. Washington cuestionó el proyecto y AMLO reprobó su ”actitud intervencionista”.
Uno de los fenómenos más destacados en América Latina es la politización de la justicia y la judicialización de la política, lo que en muchos casos se traduce en una ofensiva contra líderes progresistas desde sectores del Poder Judicial, alineados con fuerzas conservadoras. Excepto en Bolivia, ningún gobierno se atrevió a intervenir en este ámbito, considerado la casta de las castas. Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien se despide de la presidencia de México el 1 de octubre, tomó esa cruzada como suya, y probablemente su último gran logro sea la aprobación de su reforma judicial.
Este proyecto, cuyo eje central es la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros de la Corte Suprema, superó su primera prueba en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Con la nueva composición del Congreso que entra en funciones este domingo, se espera que la reforma se convierta en ley en las próximas semanas.
El inminente éxito de esta reforma generó descontento en varios sectores de poder. Agencias de calificación de riesgo como Fitch y Morgan Stanley amenazaron con bajar la calificación crediticia de México, y las principales asociaciones empresariales del país advirtieron sobre una posible disminución de la inversión si la reforma se aprueba. Mientras tanto, los trabajadores del Poder Judicial iniciaron un paro y los estudiantes de Derecho también se movilizaron en contra de la enmienda.
En este contexto, el gobierno estadounidense intervino, lo que llevó a AMLO a anunciar “una pausa” en las relaciones con su embajada.
Mauricio Prado Jaimes, sociólogo y periodista mexicano, comenta que “la reforma judicial ha dominado la agenda política desde las elecciones del 2 de junio. Para comprenderla, es necesario analizar los conflictos entre López Obrador y el Poder Judicial, especialmente con la Suprema Corte, que bloqueó varias reformas, incluida la relacionada con la industria eléctrica que buscaba fortalecer el sector público”. Según Prado, el presidente denunció con razón que la Suprema Corte estaba invadiendo otros poderes y adoptando un papel más político.
Democratización de la Justicia
La reforma propone la elección directa de más de 1,600 cargos judiciales, incluidos ministros de la Suprema Corte, miembros del Consejo de la Judicatura Federal, magistrados del Tribunal Electoral Federal, magistrados de circuito y jueces de distrito.
También incluye la reducción de 11 a 9 miembros en la Suprema Corte, cuya presidencia se renovará cada dos años de manera rotativa, y la reducción de los mandatos de 15 a 12 años. Además, se eliminará la pensión vitalicia para los magistrados y se ajustarán sus salarios al límite máximo establecido para el presidente de la Nación.
La reforma también contempla la creación de un órgano de administración judicial y un Tribunal de Disciplina. Según el gobierno, el objetivo de esta reforma es erradicar la corrupción, la impunidad, el nepotismo, el tráfico de influencias y los excesos que durante años impidieron la imparcialidad de la Justicia en México.
Intervención Extranjera
El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, advirtió que la elección directa de jueces representa un riesgo para la democracia mexicana, y agregó que podría amenazar la histórica relación comercial entre ambos países. En línea con él, el embajador de Canadá, Graeme C. Clark, expresó su preocupación por el impacto en los inversores.
AMLO, fiel a su estilo, respondió con diplomacia pero sin rodeos, criticando la “política prepotente” y la “actitud intervencionista” de estos gobiernos, y anunció una pausa en las relaciones con sus embajadas. A esta postura se sumó Claudia Sheinbaum, presidenta electa que asumirá dentro de un mes, recordando que en 43 de los 50 estados de Estados Unidos, los jueces son elegidos por voto popular.
La tensión aumentó cuando la Casa Blanca respaldó las declaraciones de su embajador. Brian Nichols, jefe de la diplomacia para América Latina, tuiteó que como socios y amigos, Estados Unidos comparte sus preocupaciones sobre las reformas constitucionales propuestas en México. Además, la Cámara de Comercio de Estados Unidos advirtió que la reforma podría debilitar el estado de derecho y las garantías para las operaciones comerciales en México.
El siempre complejo vínculo con el vecino del norte ya había entrado en turbulencias la semana anterior, cuando AMLO envió una carta a Joe Biden pidiendo detener la “actitud injerencista” de su gobierno por financiar ONGs opositoras a través de USAID.
Regalo de Despedida
Prado Jaimes señala que, aunque el Poder Judicial no goza de buena popularidad, López Obrador sí, y la idea de elegir a los jueces por voto popular cuenta con un amplio respaldo. Dos encuestas muestran una aprobación de entre el 60% y el 70% para la iniciativa.
Además, la reforma parece tener el camino allanado en el nuevo Congreso, donde el oficialismo tiene la mayoría calificada en Diputados y solo necesita tres votos adicionales en el Senado.
Este proyecto es parte de un paquete de 20 reformas constitucionales presentadas por AMLO en febrero como legado de su gobierno. Todo indica que en los próximos días se concretará la primera de ellas, quizás como su regalo de despedida.
