El presidente Javier Milei volvió a defender su enfoque de ajuste extremo al declarar en redes sociales: “Me puse a pensar sobre las medidas de gobierno para lo que será el 2025… Ante el paisaje confirmo que seguiré a full con la motosierra… ¡VIVA LA LIBERTAD CARAJO!”. Esta postura refuerza su política de déficit cero, que prioriza recortes en el gasto público y medidas que, según analistas, podrían profundizar desigualdades y tensiones sociales.
El plan del Gobierno incluye la reducción de personal estatal mediante la no renovación de contratos y el retiro de trabajadores jubilables, además de la eliminación de áreas consideradas “innecesarias”. Estas medidas, presentadas como un intento de reducir el “gasto superfluo”, podrían desmantelar servicios esenciales y aumentar el desempleo en un contexto de alta vulnerabilidad económica.
Reforma tributaria sin alivio para la ciudadanía
Aunque Milei propone simplificar el sistema tributario reduciendo la cantidad de impuestos, ya adelantó que no habrá una baja significativa de la carga impositiva. Con la justificación de preservar el equilibrio fiscal, la reforma podría beneficiar a grandes contribuyentes, mientras que la mayoría de la población seguiría soportando una elevada presión tributaria. El Gobierno delega en las provincias la definición de sus políticas fiscales, asumiendo que el mercado castigará a aquellas que mantengan altos impuestos, una visión que ignora las disparidades regionales.
Reforma previsional: promesas de equidad que esconden ajustes
La eliminación de regímenes especiales es uno de los ejes de la reforma previsional. Aunque se promete triplicar la jubilación mínima, el impacto real podría ser marginal, ya que estos regímenes representan menos del 4% del total de prestaciones. La estrategia también incluye incentivar sistemas privados de retiro, lo que debilitaría el modelo solidario y dejaría a los jubilados más expuestos a las fluctuaciones del mercado financiero. Además, el Gobierno no propuso soluciones concretas para la crisis estructural del sistema, como el aumento de empleos formales, más allá de iniciativas vagas y dependientes de la reforma laboral.
Reformas laborales y penales: promesas diluidas y endurecimiento punitivo
El oficialismo ha moderado sus propuestas laborales iniciales ante la resistencia sindical, dejando de lado medidas como la opción de contribuciones voluntarias y la democratización de gremios. Sin embargo, persiste la intención de avanzar en la flexibilización, una política que históricamente precarizó las condiciones laborales. En el ámbito penal, el Gobierno apuesta por endurecer penas, especialmente para reincidentes, mientras propone acelerar procesos judiciales mediante juicios orales. Este enfoque punitivo contrasta con la falta de medidas preventivas para abordar las causas estructurales del delito.
Un gobierno sin concesiones, pero sin consensos
El discurso de Milei se centra en “transformar radicalmente” el país, pero su estrategia refleja un enfoque unilateral y conflictivo que ignora la necesidad de construir consensos. Las reformas anunciadas parecen priorizar objetivos ideológicos sobre las necesidades sociales y económicas del país. A medida que avanza hacia 2025, el Gobierno enfrenta crecientes cuestionamientos sobre los costos sociales de su programa, mientras apuesta a consolidar poder en las elecciones de medio término para avanzar sin restricciones.
