Ensayo
El 2 de julio de 1976, en plena dictadura cívico-militar, Montoneros pone una bomba en la Superintendencia de Seguridad Federal. Ceferino Reato decide nombrar este evento “Masacre en el Comedor”, ocultando que ahí funcionaba un Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio. Una contextualización histórica sin borramientos deliberados para poder debatir qué entendemos por violencia política.
por Pablo Garrido
Masacre en el comedor decidió titular Ceferino Reato su penúltimo libro. Así enunciada, la escena bien podría referir a alguno de los tantos tradicionales bodegones que alegran el área metropolitana de Buenos Aires. La bajada, más pequeña, suma cierta información: La bomba de Montoneros en la Policía Federal. El atentado más sangriento de los 70. Reato se refiere al explosivo que la organización político-militar Montoneros colocó en la Superintendencia de Seguridad Federal ―más conocida como “Coordinación Federal”― el 2 de julio de 1976 que provocó la muerte de 23 personas ―22 policías y una civil― y alrededor de un centenar de heridos.
De este modo, el autor parece haber optado por una acepción de “atentado” específicamente asociada al desafío de la autoridad estatal, ya que si hubiera atendido a la que define el término como una “agresión contra la vida o la integridad física o moral de alguien”, el subtítulo no podría haberse mantenido: tan solo unos días después, los agentes de la dictadura llevaron adelante la “Masacre de Fátima”, que dejó como resultado treinta muertos.
Escribir siempre es elegir, por lo tanto es relevante analizar qué subyace en estas decisiones.
La tapa del libro oculta un dato importante: en “Coordinación Federal” funcionaba un Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio (CCD) que se encontraba en pleno apogeo en el marco de la feroz represión ejercida por la dictadura cívico militar. La dependencia policial albergó sistemáticamente tormentos, asesinatos, abusos sexuales y violaciones por parte de policías en conjunto con agentes del Ejército, como quedó demostrado en diversas investigaciones judiciales.
Sin embargo, uno puede recorrer notas enteras tanto del autor como de la redacción de Infobae sin enterarse de que eso sucedía. Así, la obliteración descontextualiza la acción: Reato despolitiza el accionar de Montoneros y, en consecuencia, califica el episodio como un acto de terrorismo ―elemento en el cual intenta polemizar con la jueza Servini de Cubría― antes que como violencia política por parte de una organización que, entre otras actividades, ejercía la guerrilla urbana. Más de tres décadas antes, el profesor inglés Richard Gillespie, autor de un libro pionero que se ha convertido en una referencia ineludible sobre Montoneros, aportaba una mirada en la que argumentaba sobre la relación entre política y acciones armadas: “los términos terrorismo y terrorista se refieren a los métodos y agentes inspiradores de terror, y, aunque a menudo se usan vagamente en los enfrentamientos políticos, no caracterizan adecuadamente a los Montoneros” (p.152). El argumento del británico continuaba distinguiendo a los terroristas contrarios al estado de los guerrilleros urbanos1: “mientras que los terroristas pueden considerar a los inocentes civiles como objetivos legítimos, los guerrilleros urbanos limitan generalmente sus ataques a los agentes del estado (…) y enemigos políticos claramente definidos”. Gillespie concluía que tanto Montoneros en Argentina, como Tupamaros en Uruguay, tenían elementos en común: “puesto que sus actividades estaban más bien orientadas a captar a la gente corriente que a aterrorizarla, debieran considerarse como guerrilleros urbanos. Debe señalarse que la violencia insurreccional guerrillera en la Argentina ha estado exenta de los actos de terrorismo al azar, bombas en lugares públicos concurridos, presenciados durante los últimos años por los europeos” (p.153).
Si seguimos el razonamiento del autor británico, el lector puede preguntarse si efectivamente la organización guerrillera conocía el funcionamiento del CCD cuando colocó el artefacto. ¿No habría querido atacar un comedor cualquiera, acaso un restaurante, esparciendo el terror? ¿No se tratará, en verdad, toda la cuestión del CCD de un argumento extemporáneo inventado ad hoc varias décadas más tarde? En realidad, Montoneros se atribuyó la acción en un documento fechado el día siguiente a los hechos, en el que explicaba sus motivos: “Superintendencia de Seguridad Federal es el nombre con que el enemigo designa una numerosa y bien pertrechada banda de mercenarios que, amparados en sus trajes y vehículos de civil, recorren diariamente los barrios de la Capital Federal y el cinturón obrero del gran Buenos Aires, haciendo el trabajo sucio de la represión: el secuestro, la tortura y el fusilamiento de los militantes de la resistencia popular”2. Así, calificaba de “torturadores, coimeros y alcahuetes” a los efectivos de los grupos de tareas y asociaba la decisión de colocar el explosivo con la represión clandestina ejercida por el régimen de Videla.
La decisión de Montoneros era “pegarle al enemigo” en un sitio estratégico vinculado con la tortura. No obstante, vale destacar que ninguno de estos elementos elimina la responsabilidad de los actores, sino que brindan un contexto político a sus acciones. Tampoco es suficiente lo que exponemos para zanjar las inquietudes que, al abordar estos temas, emergen respecto a las implicancias éticas de la violencia política, tema que se ha desarrollado en numerosos debates académicos y militantes3. Sí creemos que, en el marco de la dictadura cívico militar, dicha pregunta debe conjugarse con el interrogante sobre el alcance del derecho a la resistencia a las tiranías. Posiblemente, la respuesta que cada cual alcance para tan árido tópico va a depender de la platónica concepción de lo “justo” que cada quien cobije en su interior. No obstante, antes de brindar respuestas rápidas a preguntas complejas y para evitar reminiscencias de la “Teoría de los Dos Demonios” ―por momentos superada en la actualidad por una abierta reivindicación de la dictadura por parte de funcionarios gubernamentales―, debe tenerse en cuenta que quienes optaron por formas de resistencia pacífica también sufrieron el alcance de la genocida represión dictatorial, como demuestra el secuestro de “los 12 de la Santa Cruz”, protagonizado por el reciente anfitrión de parlamentarios oficialistas, Alfredo Astiz.
En definitiva, no pretendo clausurar ninguna discusión, sino abrirla. Es válido debatir sobre las implicancias de la violencia política como herramienta utilizada por las organizaciones político-militares y darle voz a sus víctimas o sus familiares, como hace Reato con los de Josefina Melucci, la civil que almorzaba en el lugar. No obstante, esos debates deben ser históricamente situados, ya que cuando entendemos qué fue “Coordinación Federal”, emerge un elemento deliberadamente ausente en las notas de Reato/Infobae: la dictadura cívico militar tenía en funcionamiento un comedor accesible para civiles en el corazón de un espacio destinado a los tormentos, los abusos sexuales y los asesinatos de prisioneros. Lo que está ausente en las notas de Infobae pero insiste en emerger es, nuevamente, la inocultable perversidad del genocidio.
1 El libro se titula Soldados de Perón. Historia crítica sobre los Montoneros. La edición en inglés data de 1982, mientras que la primera edición en español se publicó en 1987. La numeración de las páginas aquí indicadas corresponde a la tercera edición de Sudamericana (2011). El argumento del autor continúa del siguiente modo: “Los terroristas contrarios al estado se proponen intimidar al pueblo y demostrar que el estado es incapaz de garantizar la seguridad y el orden público. Cuanto más indiscriminada e imprevisible es su violencia, mayores son las probabilidades de que logren sus objetivos, pero los que practican la guerra de guerrillas urbana buscan la conquista del poder del estado mediante una estrategia político-militar que requiere considerable apoyo y colaboración pública. Por ello, su violencia tiende a ser discriminada y previsible, aun cuando a menudo provoca una reacción menos discriminada”.
2 El documento puede encontrarse en el libro “Documentos 1976-1977. Volumen I” (p.171).
3 Por ejemplo, se ha recopilado la polémica iniciada por Héctor Jouve y Oscar del Barco -y luego continuada por diversas figuras- en los dos tomos del libro “No matar: sobre la responsabilidad”, que a su vez suscitó numerosos debates académicos.
Pablo Garrido es Magíster en Sociología Económica por el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad de San Martín (IDAES-UNSAM) y Licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires (UBA). A su vez, es becario doctoral del CONICET con el proyecto “Las articulaciones políticas de Montoneros en su segunda clandestinidad: los casos del Partido Auténtico y el Movimiento Peronista Montonero (1975-1980)” y doctorando en Ciencias Sociales por la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA (FSOC-UBA). Integra el Grupo de Estudios sobre Historia Social y Política Argentina del siglo XX (GEHSPA) del Instituto Ravignani, y el Nodo FSOC-UBA de la Red de Estudios sobre el Peronismo, ambos como Investigador en formación. Es docente de la FSOC-UBA y de la Universidad Nacional Scalabrini Ortiz.