El Ejecutivo derogó un decreto vigente desde 1993 y eliminó la obligación de pedir autorización estatal para modificar aranceles. Las instituciones privadas tendrán autonomía para ajustar precios durante el año según sus costos.
El Gobierno avanzó un nuevo paso en su plan de desregulación económica al derogar el decreto 2417/93, que desde hace más de tres décadas regulaba los aranceles de la educación privada. La decisión, oficializada a través del Decreto 787/2025 publicado en el Boletín Oficial, habilita a los colegios privados a fijar libremente sus cuotas y matrículas, sin requerir aprobación previa del Estado ni comunicar los aumentos con anticipación.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la medida al afirmar que permitirá evitar los “saltos exorbitantes” de precios en marzo, cuando suelen aplicarse los aumentos anuales. Según explicó, el régimen anterior funcionaba “como una ley de alquileres”, ya que obligaba a establecer incrementos anticipados que se mantenían fijos durante el año, lo que llevaba a subas preventivas más altas. Ahora, aseguró, los colegios podrán aplicar “ajustes graduales y realistas, alineados con la economía”, lo que a su juicio “estabiliza el gasto de las familias”.
En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo argumentó que la regulación previa generaba incertidumbre económica en las instituciones y afectaba su derecho de propiedad, al impedirles definir precios y salarios sin autorización estatal. También señaló que la obligación de anticipar los montos provocaba cuotas más elevadas desde el inicio del ciclo lectivo. Además, se instruyó al Ministerio de Capital Humano, que concentra la Secretaría de Educación, a revisar el Decreto 2542/91, que establece el sistema de financiamiento de la educación privada, para adecuarlo al marco actual de competencias provinciales en la materia.
